Señor Director:

El anteproyecto de Constitución que proponen los expertos tiene innovaciones y, también, harta continuidad. Que así sea no es necesariamente malo, por supuesto, pero hay una materia en que la continuidad resulta excesiva: la televisión.

La regulación televisiva tiene en Chile una dimensión constitucional que es rara en el mundo. La Constitución establece quiénes pueden transmitir televisión (el Estado, las universidades y las personas que diga la ley). En otras palabras, establece las bases de su régimen concesional. Y, además, le impone a la televisión un regulador especial: el CNTV.

En 1970 la televisión pasó a la Constitución en manos del “Estatuto de Garantías Constitucionales” que se acordó para ratificar a Salvador Allende como Presidente. Esa reforma hizo con la Ley de Televisión lo que hizo con otras leyes de la época: las subió a la Constitución.

La Constitución de 1980 siguió la misma línea: estableció las bases del régimen concesional (agregando la posibilidad de canales privados) y, además, consagró al CNTV. Así sigue hasta hoy.

La Constitución no se refiere a ningún otro medio de comunicación ni tecnología de telecomunicaciones, solo a la televisión. Y ningún otro medio de comunicación tiene un regulador especial como el CNTV.

La televisión parece haber tenido en esas épocas una relevancia política que hoy, en una sociedad mucho más digitalizada, es menor. Hoy tiene menos sentido que nunca esta fijación constitucional con ella.

La propuesta rechazada en septiembre pasado pareció darse cuenta de esto y sacó a la televisión del texto constitucional. Esta fue una de las pocas cosas sensatas que propuso. Luego, el primer texto aprobado en general por la Comisión Experta siguió el mismo camino. Pero una enmienda posterior de la derecha y otra de la izquierda volvieron a meter a la televisión en el texto constitucional, manteniendo así vivo un momento muy particular de nuestra historia y una realidad tecnológica de hace medio siglo.

Lucas Sierra
Abogado