Desde la Subsecretaría de Educación Superior se ha enviado una invitación a los rectores de las universidades chilenas para “participar, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe, de la Red de Memoria y Derechos Humanos en Educación Superior”, con el propósito de generar un espacio para robustecer estos conceptos. En seguida, el subsecretario de Educación Superior invita a los rectores a completar un formulario para que ellos den a conocer el interés que tengan en participar en esa instancia, así como para entregar información que les permita a las autoridades “sistematizar las acciones que realizarán las instituciones de educación superior en torno a esta conmemoración.”

Es una invitación singular y desusada, pues la formula la autoridad encargada de elaborar las políticas de educación superior, además de su ejecución y evaluación. Por tanto, ante los rectores es una autoridad de vasta influencia y por esta razón es necesario que ellos le otorguen una consideración especial. No será fácil para algunos negarse a completar el formulario y menos aun llenarlo con respuestas que puedan resultar incómodas para la autoridad. Pero es perfectamente posible que no sean los rectores las personas encargadas de decidir y disponer las actividades académicas en torno a una conmemoración histórica. Más bien, correspondería a las unidades académicas apropiadas, si lo estiman del caso, realizar las reflexiones y preparar las investigaciones que le den sustancia a la memoria de lo acontecido en Chile hace medio siglo.

Es indudable que el aniversario de un hecho de la trascendencia del quiebre de la democracia exige análisis serios de toda la complejidad de los acontecimientos. El primero de todos debe centrarse en lo que ocurría en el país el 10 de septiembre y los dramáticos sucesos que nos llevaron a ese día en que se produjo el golpe de Estado. Por cierto, en temas complicados caben muchas interpretaciones y una universidad no debiera eludir ninguna de ellas, sino darles la debida consideración y análisis. Para avanzar en esa clase de estudios, lo primordial es la autonomía universitaria y la más amplia libertad académica para considerar las diversas hipótesis. Un ambiente que propicia la iniciativa de los académicos y de los profesores para realizar sus estudios y sus investigaciones es una condición previa necesaria para darle el peso que se espera a sus conclusiones. La intervención de la autoridad no facilita la creación de esa atmósfera de libertad que les permite a ellos pensar y elaborar ideas para iniciar nuevas investigaciones de trascendencia, según el criterio del propio investigador y no de una autoridad, por importante que esta sea, como puede serlo un subsecretario, un ministro o un rector.

Las presiones que se ejercen sobre los intelectuales adquieren distintas formas. A veces, ellas se pueden caracterizar por su crudeza, pero con mayor frecuencia adoptan otros rasgos, más sutiles, disimulados, que resultan hasta difíciles de precisar e identificar. Por lo mismo, para preservar la libertad, algo indispensable en la academia, es necesario mantenerse siempre vigilante ante las actitudes de la autoridad.