El martes 17 de enero se publicó en el Diario Oficial la reforma constitucional que hará posible el proceso para elaborar una nueva Constitución. Se trata de un conjunto de reglas para cuya redacción se ha considerado la frustrante experiencia de la Convención constitucional y de su proyecto de Carta Fundamental, que fue rechazado por una abrumadora mayoría de ciudadanos en el plebiscito del 4 de septiembre. En tal sentido, puede afirmarse que uno de los errores del anterior proceso fue haber prescindido de los conocimientos del mundo académico, en especial del ámbito del Derecho Público.
Las universidades chilenas cuentan hoy con numerosos y prestigiosos profesores en esa área, gran parte de ellos con doctorados en prestigiosas instituciones nacionales y extranjeras, y una abundante investigación y producción científica. Por eso es motivo de optimismo que las fuerzas políticas que suscribieron el “Acuerdo por Chile” que dio origen a la reforma, hayan previsto la creación de una “Comisión Experta”, compuesta por “personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica”.
Aquello no solo hace posible corregir la errada omisión anterior, sino que además permite que la academia sea partícipe de la trascendental tarea que implica redactar un texto constitucional. Esta medida está en directa sintonía con lo que muestran las encuestas. Según estas, las universidades siguen siendo las instituciones más valoradas por los ciudadanos, quienes además entienden mayoritariamente que en la redacción de una nueva Constitución deben jugar un rol principal personas expertas, con sólidos conocimientos en las disciplinas vinculadas al Derecho Constitucional. Por eso la búsqueda de las 24 personas que conformarán la Comisión Experta es una tarea de enorme importancia, y a ella han estado abocados los diversos sectores políticos durante estos días.
Se trata de una labor compleja, pero en la que también debemos tener confianza, porque no cabe duda que cada partido o coalición procurará designar a las personas más preparadas y del mayor prestigio académico, en una especie de sana competencia destinada a satisfacer de la mejor manera posible los anhelos ciudadanos.
Cabe recordar que esta Comisión tendrá a su cargo la redacción de un anteproyecto de Constitución, que deberá respetar y considerar los principios recogidos en la reforma constitucional. Entre estos se cuentan aquellos que conforman nuestra tradición constitucional, así como algunos que representan justas demandas ciudadanas, como el Estado social, y el reconocimiento y protección de los pueblos indígenas y de su cultura.
El texto preparado por la Comisión servirá de base para que el Consejo Constitucional, cuyos cincuenta miembros elegiremos el próximo 7 de mayo, prepare el proyecto de Constitución que será sometido a plebiscito el 17 de diciembre. Las eventuales diferencias entre la Comisión y el Consejo serán dirimidas por un Comité Técnico, que resolverá los conflictos que pudieran suscitarse durante el desarrollo del proceso.
Como se ve, 2023 será un año importante, que representa una nueva oportunidad para darle a nuestro país una buena y nueva Constitución. El diseño contemplado en la reforma constitucional parece adecuado para la consecución de tan preciado objetivo. El éxito de esta labor depende de la responsabilidad y patriotismo de los diversos sectores políticos y, por supuesto, de nosotros los ciudadanos.
José Ignacio Martínez Estay Profesor de Derecho Constitucional e investigador de POLIS, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes
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El martes 17 de enero se publicó en el Diario Oficial la reforma constitucional que hará posible el proceso para elaborar una nueva Constitución. Se trata de un conjunto de reglas para cuya redacción se ha considerado la frustrante experiencia de la Convención constitucional y de su proyecto de Carta Fundamental, que fue rechazado por una abrumadora mayoría de ciudadanos en el plebiscito del 4 de septiembre. En tal sentido, puede afirmarse que uno de los errores del anterior proceso fue haber prescindido de los conocimientos del mundo académico, en especial del ámbito del Derecho Público.
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