La situación educacional requiere de una atención mucho más profunda de la que emerge de la última Cuenta Pública. Los aprendizajes relativos de niños y jóvenes son deficientes (el liderazgo en América Latina era poco consuelo) y el peso del origen socioeconómico en los desempeños, muy marcado. Según el Panorama Educacional de la OCDE, Chile es el país que más gasta —6,3 por ciento de su PIB— en educación; muy por encima del promedio de esa organización, de 4,9 por ciento. Solo Noruega tiene un gasto relativo similar. Pero las grandes inversiones de los últimos lustros no parecen estar contribuyendo a mejorar nuestros desempeños y elevar la igualdad de oportunidades.

En educación escolar, el Gobierno pone el acento en las reformas al sistema de aseguramiento de la calidad; en particular, en garantizar que “los colegios no pierdan su reconocimiento oficial según su desempeño”. Es una mala idea. El foco debe estar en los niños y, frente a las grandes asimetrías existentes —más todavía cuando los resultados de las pruebas nacionales son cada vez menos difundidos—, la posibilidad de perder dicho reconocimiento permite abrir espacios para mejorar los desempeños. La aspiración, como señala el mensaje, de que el apoyo prioritario que recibirían del Estado esos colegios los ayudará a mejorar choca con la evidencia disponible en el país. En los hechos, este tipo de medidas son las que suelen aumentar los gastos en educación sin producir mayores efectos. La propuesta merecería alguna atención si todos los resultados educativos estuviesen determinados perfectamente por el origen socioeconómico de los estudiantes, pero sabemos la enorme heterogeneidad que existe en desempeños de planteles escolares con niños y jóvenes de similares características. En ese hecho precisamente hay una enorme oportunidad de mejoramiento que esta propuesta cercena.

El discurso insistió, además, en la condonación del CAE y en el pago de la “deuda histórica” de los profesores, si bien supeditados a la aprobación de la reforma tributaria. Pero aunque tales recursos existiesen, eso no los hace mejores políticas sociales. Desde luego, respecto de la segunda iniciativa, la Contraloría en varias ocasiones ha negado la existencia de dicha deuda. La primera medida, en tanto, es de un retorno social modesto, si alguno. Parece contradictoria, además, con la preocupación por los niños manifestada en el discurso: en los hechos, quedan otra vez relegados en materia educacional.

En ciencias, más allá de la promesa de duplicar la inversión —presente en varias de las cuentas pasadas y aún no concretada—, los anuncios son casi inexistentes y es muy preocupante que uno de ellos apunte a poner fin a la concursabilidad de los fondos de investigación y desarrollo para dar paso a convenios directos entre el Ministerio de Ciencia y las universidades. Sería un gran retroceso y daría paso a una asignación política de recursos. Aunque luego se ha aclarado que sería un nuevo fondo, sin terminar con los actuales, no debe olvidarse que el sistema vigente ha sido reconocido por numerosos expertos y está a la base de la relativamente alta productividad nacional en investigación, lograda a pesar de la baja inversión.