Bettina Horst

Diez párrafos de la Cuenta Pública fueron destinados a distintas promesas de lo que se pretende financiar con el aumento de impuestos que persigue el Gobierno. Los chilenos deberán evaluar cuánto creen en promesas fundadas en una reforma no presentada, cuyo contenido se desconoce y de la que, por ende, nadie tiene la más peregrina idea de cuánto podría llegar a recaudar.

Tampoco ayuda a la credibilidad de dichas promesas que su viabilidad en el Congreso esté en razonable duda dado que, salvo que cuente con apoyo de 2/3 del Senado, reglamentariamente no se puede siquiera presentar antes de marzo del próximo año. Pero, como si prometer y prometer en materia social —para luego incumplir e incumplir— no tuviese explosivas consecuencias políticas, la lista de promesas no se hizo esperar.

Derecho a sala de cuna, reducción de listas de espera en salud, saldar la deuda histórica con los profesores, condonación del crédito con aval del Estado CAE, implementación de un sistema nacional de cuidados, centros de atención en violencia sexual en regiones, mayores recursos para seguridad y orden público fueron parte de la lista de promesas.

Se debe reconocer la novedad: este listado de iniciativas refleja importantes cambios a la lista de promesas efectuadas hace un año atrás, cuando el Gobierno presentó su fracasada alza de impuestos anterior. En ese entonces, las promesas fueron en materia de pensiones, salud, seguridad social y ciudadana, gasto subnacional, desarrollo productivo e I D.

Y claro, hace un año desde el Ministerio de Hacienda se dijo explícitamente que subir los impuestos no era para financiar la condonación del CAE.

Demos gracias por la claridad disponible: el Gobierno aún está completando la lista de para qué quiere subir los impuestos, pero lo que está claro es que los quiere subir. Cuesta recordar otro ejemplo más transparente de un intento por subir los impuestos como fin político en sí, más que como medio para solventar un programa definido. Es fácil anticipar que el listado de promesas mutará todas las veces que sea necesario para ajustarse a esa constante, una verdadera opción predeterminada por defecto, que es querer subir los impuestos. Porque sí.

Quienes se oponían a la reforma tributaria pasada, estando de acuerdo con las necesidades sociales que tiene el país, la rechazaron porque afectaba la capacidad de crecimiento económico del país y de generación de empleo. Era dañina y se sumaría a la larga lista de alzas de impuestos que, por el daño que causan, no recaudan lo que prometieron ni permiten cumplir promesas.

Si se miran las promesas del año pasado y las de este en su conjunto, uno supondría un sentido de urgencia y énfasis por tener un gasto más eficiente. En las más de tres horas de discurso no hubo espacio para mencionarlo ninguna vez. De hecho, en comparación a lo tributario, en la Cuenta Pública tuvo bastante menor cobertura la necesidad de contar con un gasto más eficiente. De hecho, no se mencionó. El eslogan “necesitamos, en definitiva, un mejor Estado por y para las personas” no conlleva que, junto a mayores niveles de transparencia y menores de corrupción, se liberen del mal gasto de recursos para atender las urgencias pendientes.

Un par de datos para entender la magnitud del desafío de mejorar los programas del Estado: informes publicados por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, en el marco del monitoreo anual de programas públicos, identificó deficiencias específicas en al menos la mitad de los 700 programas evaluados durante el año pasado. Si bien a partir de ello no se puede concluir que se deben terminar estos programas, sí se debe asumir como tarea prioritaria el revisar su diseño e implementación para mejorar el impacto esperado. Por otro lado, es evidente la necesidad de contar también con una evaluación más integral de programas que se multiplican con fines comunes. Por ejemplo, el mismo informe indica que existen 30 programas cuyo foco son las mujeres, repartidos y ejecutados por siete ministerios y tres fundaciones distintas, cada uno es evaluado solo en forma individual y aislada.

Siempre será más fácil intentar subir los impuestos. A partir de la Cuenta Pública, no cabe duda de que el Gobierno volverá a insistir en ello y en un escenario aún más adverso para los chilenos que el que enfrentaban durante la discusión del proyecto anterior, con una economía estancada y una tasa de desempleo en aumento. En compensación, los chilenos disponen de una nueva lista de promesas.


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Porque sí

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04.06.2023

Bettina Horst

Diez párrafos de la Cuenta Pública fueron destinados a distintas promesas de lo que se pretende financiar con el aumento de impuestos que persigue el Gobierno. Los chilenos deberán evaluar cuánto creen en promesas fundadas en una reforma no presentada, cuyo contenido se desconoce y de la que, por ende, nadie tiene la más peregrina idea de cuánto podría llegar a recaudar.

Tampoco ayuda a la credibilidad de dichas promesas que su viabilidad en el Congreso esté en razonable duda dado que, salvo que cuente con apoyo de 2/3 del Senado, reglamentariamente no se puede siquiera presentar antes de marzo del próximo año. Pero, como si prometer y prometer en materia social —para luego incumplir e incumplir— no tuviese explosivas consecuencias políticas, la lista de promesas no se hizo esperar.

Derecho a sala de cuna, reducción de listas de espera en salud, saldar la deuda histórica con los profesores, condonación del crédito con aval del Estado CAE, implementación de un sistema nacional de cuidados, centros de atención en violencia sexual en regiones, mayores recursos para seguridad y orden........

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