Traspaso tramposo |
Esta semana se desató una nueva polémica en torno al traspaso del poder entre la administración saliente de Gabriel Boric y la entrante de José Antonio Kast. A menos de tres meses del cambio de gobierno, el Ejecutivo incluyó en el acuerdo de reajuste del sector público un impedimento para que los funcionarios a contrata del Estado (cuyos contratos no son indefinidos en razón de sus funciones) sean despedidos o vean modificadas sus condiciones laborales, invocando solo “necesidades del servicio”. En la práctica, el proyecto endurece más aún las reglas que virtualmente imposibilitan los despidos de los funcionarios públicos.
Es cierto que los traspasos de poder pueden ser incómodos, especialmente cuando el gobierno entrante se ubica en las antípodas ideológicas del saliente. Pero así funciona la democracia. Gobernar hasta el último día no equivale a condicionar al siguiente mandatario. Lo que se está haciendo aquí es endurecer artificialmente la salida de funcionarios nombrados durante este gobierno, en circunstancias en que el régimen de la contrata existe —al menos en teoría— para funciones temporales, específicas y renovables anualmente. En la práctica, ese diseño ya estaba tensionado por la judicialización creciente y por la doctrina de la “confianza legítima” (criterio jurisprudencial que plantea que........