La Venezuela de Maduro vuelve a mostrarnos lo difícil que resulta sostener en Chile una conversación fructífera en asuntos políticos. Esto, a pesar de existir un acuerdo amplio, con pocas excepciones, respecto de dos cuestiones fundamentales.

Por un lado, el calamitoso estado de la sociedad, la economía y la cultura del país de Bolívar. Según la Cepal, la contracción del PIB, que se extendió por ocho años (2014-2021) significó una pérdida acumulada del 75% del PIB. Tres cuartas partes del producto se destruyeron. En junio de 2023, el sueldo mínimo equivalía a 42 dólares mensuales al tipo de cambio oficial. De acuerdo con las cifras del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, la tasa de pobreza extrema se situó en 2023 en 50,5% y la pobreza total en 82,8%.

Por otro lado, el carácter no-democrático de su régimen político. En cuanto a la realidad de los derechos de las personas, según Human Rights Watch, “Los venezolanos continúan sufriendo represión y las consecuencias de la crisis humanitaria. Hay más de 270 presos políticos (de más de 15.800 personas que han sido objeto de detenciones por motivos político desde 2014). Cerca de 19 millones de personas requieren ayuda humanitaria al no poder acceder a atención en salud y nutrición adecuada. Más de 7,7 millones de venezolanos han huido del país, generando una de las mayores crisis migratorias del mundo”. No hay Estado de derecho, separación de poderes y trato digno de las personas. Como señala el mismo informe citado: “Las autoridades persiguen, procesan penalmente y encarcelan a trabajadores sindicales, periodistas y defensores de derechos humanos, restringiendo el espacio cívico. Entre los problemas que persisten se incluyen falta de protección de pueblos indígenas; de personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT); y de los derechos de mujeres y niñas”.

Estamos pues frente a un país económicamente subdesarrollado, socialmente empobrecido, que políticamente se halla sumido en una severa crisis y afectado en su cultura por la ausencia de libertades esenciales, sus instituciones universitarias asfixiadas por la carencia de autonomía y los medios de comunicación controlados. Los sucesos de las últimas semanas -es decir, el fraude electoral y la represión consiguiente de la protesta en las calles- muestran al desnudo la naturaleza del régimen y su aislamiento dentro de la región.

Entonces, ¿es el gobierno de Maduro una dictadura?

Según los indicadores habituales, del sentido común cívico, sin duda. Incluso para el mundo de las izquierdas lo es, aunque no todavía unánimemente. Como declaró a la prensa el ex Presidente Mujica del Frente Amplio uruguayo frente a esta misma pregunta en febrero pasado: “El de Venezuela es un Gobierno autoritario, se lo puede llamar dictador… llámenlo como quieran”. Freedom House califica al régimen de Maduro actualmente como “no libre”; apenas reúne 15 sobre 100 puntos en 25 variables de una “medición democrática”. En su resumen de la situación de 2024 declara: “Las instituciones en Venezuela vienen deteriorándose desde 1999, pero la situación ha empeorado drásticamente en los últimos años debido al endurecimiento de la represión gubernamental contra la oposición y a la utilización por el partido gobernante de unas elecciones totalmente viciadas para hacerse con el control total de las instituciones del Estado. Las autoridades han cerrado prácticamente todos los canales de disidencia política, restringiendo las libertades civiles y procesando a quienes consideran opositores sin respetar las garantías procesales”. Es la mejor síntesis de esta dictadura Maduro-chavista que, a esta altura de 2024, se encuentra en estado de ebullición y está en proceso de descomposición, situación que agrava la concentración del poder en una camarilla cívico-militar unida más por el........

© El Líbero