La semana pasada sostuve que la ideología del Presidente de la República, la de su partido, la del Partido Nacional Libertario, la del Frente Amplio o la del Partido Comunista no constituían, en cuanto ideas, una amenaza para la democracia. La democracia no reprime el pensamiento: lo admite y lo convierte en diálogo político. Lo que no alcancé a decir entonces es la consecuencia natural de esa afirmación: el peligro para una democracia no radica en lo que las personas, los dirigentes políticos o las autoridades piensan y ni siquiera en lo que dicen, sino en lo que hacen. Son sus decisiones y sus actos los que pueden poner en riesgo el funcionamiento o incluso la existencia de la democracia.

Esa realidad, en lo que toca al gobierno del Presidente Kast, fue puesta a prueba la semana pasada con el envío al Congreso de su paquete de medidas de seguridad, que incluye una reforma constitucional. Y no son las ideas del Presidente, ni sus amistades internacionales, ni tampoco las opiniones de algunos de sus colaboradores las que hoy inquietan: es esta acción concreta del gobierno la que lo acerca, de manera preocupante, al comportamiento de gobiernos que han sido clasificados como iliberales.

No se trata necesariamente de una ideología, sino de una actitud frente a la política: la convicción de que, si se tienen los votos, no es necesario escuchar al otro. Esa actitud apareció tempranamente en las declaraciones de Luis Silva, entonces consejero constitucional electo por el Partido Republicano y hoy subsecretario de Justicia, quien, en entrevista aparecida en DF MAS el 13 de mayo de 2023, ante la pregunta sobre cómo se avanzaba respondió: “Para eso están los votos. Y si no los tienen, ellos se tienen que ir de la plaza y sino, llamamos a la fuerza pública porque para eso está, para hacer efectivo el derecho”. Aunque la frase más reveladora fue otra: “¿Por qué cresta siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdos con la minoría?”.

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