El Consejo de Seguridad ha emitido una decisión que derrumba el aval internacional que -decían- blindaba el Acuerdo. Retirar la verificación de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no es un mero ajuste técnico, es un veredicto político: se rompe la ilusión de que la “justicia restaurativa” colombiana estaba acorde con el Estatuto de Roma.
La decisión del Consejo podría interpretarse como una descalificación del sistema. Hoy pareciera que somos más los que consideramos que priorizar la impunidad sobre la justicia real no es aceptable, ni bajo los estándares morales ni bajo el Estatuto de Roma.
El cinismo con el que priorizaron la reinserción política sobre la justicia, la verdad y las víctimas queda al descubierto. Esto agrava la percepción de impunidad que ya carcome a la JEP. Las sanciones restaurativas -trabajos comunitarios por hasta ocho años, sin cárcel- eran cuestionadas por su laxitud, y pierden su respaldo global. Hoy solo son un pacto........
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