La transición entre el gobierno Petro y la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella será la primera gran prueba de fuego para el sector agropecuario. Más allá del discurso de la Reforma Agraria, Colombia conocerá si uno de los mayores presupuestos destinados al campo en su historia reciente se tradujo en productividad, competitividad y bienestar para los productores, o si terminó atrapado entre la ineficiencia administrativa, la centralización del poder y presuntas irregularidades que ahora deberán ser esclarecidas por los organismos de control.

El empalme entre el gobierno Petro y la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella no puede reducirse a un simple intercambio de informes. El país tiene derecho a conocer qué ocurrió con los billonarios recursos destinados al agro colombiano y si ese esfuerzo fiscal produjo los resultados prometidos.

Durante este cuatrienio, el Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas administraron uno de los mayores presupuestos de las últimas décadas para ejecutar la denominada Reforma Agraria. Sin embargo, el verdadero debate ya no gira alrededor de cuánto dinero se invirtió, sino de qué tan eficiente fue su ejecución y cuál fue su impacto sobre la productividad, la competitividad y la seguridad alimentaria. Los propios informes de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo evidenciaron rezagos importantes en varias metas estratégicas.

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