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"La reforma agraria que no alimenta al campo: datos que el Gobierno prefiere ignorar"
El Gobierno insiste en presentar su “reforma agraria” como la solución a los problemas rurales, pero los hechos muestran lo contrario: no se trata de una política para aumentar la producción, sino de un intento de controlar la actividad económica desde el Estado, reinterpretando límites constitucionales que protegen la libertad productiva y la propiedad privada.
La Constitución de 1991 es clara: cualquier limitación al derecho de propiedad debe ser proporcional, razonable y necesaria. La Corte Constitucional lo ha reiterado: la función social de la propiedad no permite convertir al propietario en un simple ejecutor de decisiones estatales ni vaciar el contenido esencial del dominio.
Pese a ello, el Ejecutivo impulsa decretos y metodologías que, bajo el lenguaje amable del “ordenamiento”, buscan direccionar la economía agraria desde Bogotá, un modelo que ha fracasado en todos los países donde se ha intentado.
1. El peso real del agro: un motor que funciona sin intervención estatal
En 2024, las actividades agrícolas,........
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