No estamos simplemente ante una temporada de lluvias; presenciamos una calamidad pública donde la naturaleza reclama su espacio con violencia, rompiendo diques y anegando la esperanza de miles de compatriotas.

Las cifras ya no admiten eufemismos: la UNGRD reporta más de 51.900 hogares afectados a nivel nacional. Solo en Córdoba el drama golpea a 33.400 núcleos familiares, con cerca de 35.000 hectáreas inundadas; tierras que eran sustento y alimento. En términos humanos, el daño es atroz: la corriente no solo arrastró enseres, se llevó cosechas, ingresos y el futuro inmediato.

En el sur de Bolívar, la escena es casi distópica: el 95% de Montecristo yace bajo el agua, con más de 1.300 damnificados en una emergencia que desbordó la capacidad local. En Antioquia, el panorama no es menos grave: se habla de 7.000 ciudadanos afectados, 40 derrumbes y poblaciones enteras en calamidad; además, el colapso de infraestructura ha dejado a unas 50.000 personas incomunicadas en el corredor estratégico hacia Urabá.

Y, sin embargo, mientras el lodo y el agua arrasan cultivos, animales y viviendas, el pueblo atlanticense está de fiesta, parranda y ron; entregado a un carnaval de francachela y comelona. Es una desconexión dolorosa: Barranquilla parece ignorar a sus vecinos.

Como ciudadano, valoro la cultura. Pero existe una jerarquía ética y constitucional imposible de ignorar. ¿Es legítimo, bajo el prisma de la dignidad humana, que un sector del país se entregue al estruendo de la fiesta mientras, a pocos kilómetros, el agua le llega al cuello a sus vecinos?

Lo digo con la firmeza que exige el momento: la parranda debe suspenderse.

No se trata de un capricho moralista, sino de coherencia social. El principio de solidaridad, consagrado en nuestra Carta Política, obliga a responder ante situaciones que amenazan la vida y la salud. Hoy, el mínimo vital se diluye entre la inundación: casas anegadas, escuelas convertidas en albergues y comunidades enteras viviendo de la caridad.

No ignoro la realidad política. Se comenta en los pasillos —y mis amigos barranquilleros lo confirman con resignación— que la influencia de casas como la de los Char hace que detener la maquinaria del Carnaval parezca una utopía. Pero esa imposibilidad práctica revela una desconexión aterradora frente a la magnitud de la tragedia nacional. Ningún poder político o económico debería estar por encima del dolor de las regiones.

A esto se suma una alerta jurídica de fondo: la respuesta del Gobierno parece apoyarse en la declaratoria de emergencia económica. Ojo con esto: los estados de excepción no son cheques en blanco. Si esta medida no va acompañada de planeación rigurosa, austeridad y transparencia, el remedio será peor que la enfermedad. Recurrir a herramientas extraordinarias por restricciones fiscales acumuladas nos obliga a extremar los controles. La corrupción en medio de un desastre invernal no es un simple delito administrativo; es una traición directa a los más vulnerables.

Este escenario exige una movilización total. No bastan los anuncios; se requiere presencia efectiva del Estado en el territorio. Si hay capital para tarimas y orquestas, debe haberlo —con mayor razón y mandato ético— para motobombas, sacos de arena, refugios dignos y reubicación.

Que el carnaval se apague esta vez no apaga la alegría de un pueblo; lo que la apaga es la indiferencia convertida en costumbre. Mientras el agua escribe su nombre en las paredes de las casas y borra con lodo los cuadernos de los niños, el país no puede seguir de parranda a espaldas a la tragedia. Hay silencios que son cobardía, pero hay silencios que son dignidad. Y hoy, el silencio de la fiesta sería el grito más alto de solidaridad. Si no somos capaces de pausar el carnaval para tender la mano al que se ahoga, entonces el verdadero desastre no es la creciente de los ríos, sino la sequía de nuestra conciencia colectiva.

 

© El Informador