Esa diferencia no es menor.

En su reciente columna en El Tiempo, titulada “Un simulacro electoral”, el profesor Pedro Medellín advierte que estas consultas pueden terminar funcionando más como una medición coyuntural que como un verdadero mecanismo de consolidación democrática. Su planteamiento no cuestiona la legalidad del instrumento, sino su uso político y sus efectos institucionales cuando se desdibujan sus propósitos originales.

Las consultas abiertas permiten la participación de cualquier ciudadano, esté o no alineado con el proyecto político en competencia. Este diseño, que busca ampliar legitimidad, puede producir un efecto contrario: distorsionar la señal política que se pretende medir.

Si una consulta tiene por objeto definir el liderazgo de una coalición, su sentido democrático radica en que participen quienes efectivamente acompañarán ese proyecto en la primera vuelta. Cuando intervienen electores cuya intención real es apoyar a otro candidato o simplemente alterar el resultado, la consulta deja de reflejar voluntad orgánica y se convierte en un ejercicio táctico.

En términos institucionales, esto erosiona la coherencia del mecanismo.

No se trata de restringir la participación ni de desincentivar el voto. Se trata de reconocer que no todos los instrumentos electorales cumplen la misma función. La primera vuelta presidencial es el momento decisorio nacional. La consulta es un proceso previo, instrumental y específico.

Inflar la votación de una consulta para construir una narrativa de fuerza política, o intervenir estratégicamente para debilitar una candidatura interna, puede ofrecer ventajas coyunturales en el plano comunicativo. Pero a mediano plazo genera una lectura distorsionada del mapa político y debilita la confianza en las reglas del juego.

La democracia no se fortalece multiplicando actos electorales sin claridad sobre su propósito. Se fortalece cuando cada mecanismo cumple su función con coherencia y legitimidad.

También conviene decirlo con precisión: anular el voto o utilizar el tarjetón como espacio de protesta simbólica no produce efectos estratégicos relevantes. No altera correlaciones reales ni redefine el escenario presidencial. Solo incrementa el ruido estadístico y la ambigüedad interpretativa.

Por eso la premisa es sencilla: si el candidato que se respaldará en primera vuelta no está en determinada consulta, no es coherente participar en ella. No es abstención; es respeto por la naturaleza del mecanismo.

Las democracias maduras distinguen entre participación y oportunismo. Entre ejercicio institucional y activismo táctico. Entre legitimidad y espectáculo.

El 8 de marzo no define al próximo presidente de la República. Define candidaturas dentro de coaliciones específicas. La decisión nacional se tomará en la primera vuelta. Allí es donde la correlación de fuerzas adquiere sentido pleno y donde el voto expresa, sin intermediaciones, la voluntad soberana.

Confundir estos niveles solo contribuye a la fragmentación del sistema político.

En un momento de polarización interna y reconfiguración global, la solidez institucional no depende únicamente de quién gane, sino de cómo se compite y cómo se respetan las reglas.

Ajá Leo, ¿y hoy qué?

Hoy, actuar con criterio institucional.

Hoy, participar donde corresponde.

Hoy, entender que la fortaleza de la democracia no está en inflar cifras, sino en preservar la coherencia de sus mecanismos.

 

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