En efecto, el gobierno decidió sembrar incertidumbre con el proyecto de ley de la Jurisdicción Agraria, concebido como amenaza a la propiedad privada de la tierra y la seguridad jurídica de la economía rural.
Hace un año, en la ley del Plan, el Gobierno metió un mico dizque para facilitar la compra de tierras por oferta voluntaria, que era realmente una presión extorsiva para obligar al propietario a vender bajo la amenaza de extinción de dominio por incumplimiento de la función ecológica, eliminando garantías procesales y entregándole la competencia decisoria a la Agencia Nacional de Tierras sin intervención de un juez.
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