Con base en el "decretazo", con motivo de la emergencia económica que crea un impuesto al patrimonio a las empresas golpea la liquidez y ahuyenta las inversiones, es importante sostener que el gobierno de Gustavo Petro se volvió en extremo alcabalero y, por otra parte, la Corte Constitucional debe decidir pronto sobre la legalidad o ilegalidad de las medidas agobiantes de la presente administración.

En los últimos  meses como gobernante el presidente  Gustavo Petro, en calidad de responsable de la rama ejecutiva,   volvió costumbre querer arreglar muchos asuntos a base de "decretazos" que son, en la práctica, abusos de poder y exabruptos jurídicos;  para eso los colombianos elegimos Senadores y Representantes, o sea, la rama que debe legislar  sobre nuevos  gravámenes y otras situaciones.

Los ciudadanos corrientes nos resistimos a entender las razones  para que el actual gobierno, en lugar de recortar el gasto de la burocracia la está aumentando y sobre la política de austeridad se volvió un sueño imposible; además, es muy visible y claro que en la administración petrista le quitaron en forma olímpica las funciones al Congreso, para crear nuevos impuestos.

El "decretazo"  0173,  bajo la emergencia económica declarada por la ola invernal, cobija la creación del impuesto patrimonial a empresas de los  sectores financiero, el minero, el petrolero e incluyendo universidades: el gravamen tendrá que ser cancelado a partir del primero de abril. Con absoluta seguridad los afectados serán todos los habitantes de Colombia, los padres de familia con hijos que estudian en universidades y es una medida que afectará la política de empleo en compañías e industrias en expansión; también es un freno al aumento de la inversión nacional y extranjera.

La administración de  Gustavo Petro se constituyó en un gobierno en extremo alcabalero y que según los entendidos y estudiosos, en forma irresponsable  no mide las consecuencias en materia de desajustes y daños a la  economía colombiana. 

Es un "gobierno alcabalero"  debido a que su  administración está centrada en aumentar impuestos; por otra parte la irresponsabilidad y el abuso radica en que le quitó olímpicamente las funciones al Congreso para legislar en materia de nuevos impuestos y otras situaciones; también en la actual administración, mediante otros "decretazos", ha afectado  la economía de las familias y son numerosos los  hechos en que se ha demostrado que austeridad y reducción en el  gasto público no riman en la administración de Gustavo Petro.

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