La posición de la mayoría de los precandidatos presidenciales y de muchos gremios, menos Fenalco, ha sido la de acomodar el abuso de poder del presidente Petro, con razones que van desde la inconveniencia por los efectos de rescindir el decreto, hasta el negarle un caballo de batalla en plena época electoral.  En mi opinión, esta posición “pacifista” no entiende lo que realmente está en juego.

Si no recuperamos la gallina, el precio a pagar será la muerte de quinta de nuestra incipiente democracia.  Será la muerte del sistema de pesos y contrapesos y de la separación de poderes.  Aquí el salario mínimo es lo de menos y equivale a la gallina.  El profesor Gaona advirtió sobre el peligro de la instauración de una “dictadura constitucional”, y el acomodar el abuso de poder de Petro nos llevaría en esta dirección a pasos agigantados.

Los inconvenientes que pueda generar la declaración de nulidad del decreto es un precio menor a pagar cuando se entiende que lo que se está defendiendo es la separación de poderes, el que no haya nadie por encima de la ley, y ponerle un tatequieto al abuso de poder.

Fenalco se opone al alza decretado con base en los efectos económicos, y ciertamente esto es importante y la génesis del problema; sin embargo, el abuso de poder de Petro, le da una connotación de amenaza existencial que sobrepasa con creces la sola connotación laboral.  Es claro bajo las normas actuales, que Petro desconoció la formula que debió aplicarse en la fijación del salario mínimo.  Como es su costumbre, recogió y malinterpretó “recomendaciones” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las tradujo en un adefesio legal.  Para Petro, él puede violar impunemente la ley con el subterfugio de que tiene el respaldo del constituyente primario.

Le corresponde al Consejo de Estado restablecer el balance de poderes, y declarar la nulidad del decreto.  Es la única forma posible de salvar nuestra democracia.  Si se convalida el abuso de poder del ejecutivo o se le acomoda con supuestas medidas económicas compensatorias, el Consejo de Estado será responsable de la muerte de nuestra democracia.  La aplicación de la formula tal y como existe hoy, justifica un aumento mucho menor, y aunque el Consejo de Estado ha dicho que la suspensión no es tanto por la cantidad sino por falta de apego a la fórmula legal, en realidad si está cuestionando la cantidad.  No le corresponde al Consejo de Estado fijar el monto del aumento, pero si puede determinar cuál no es, como debe hacerlo en este caso. 

Coincido en que la fijación del salario mínimo como existe hoy es equivocada, así como también lo es la “fórmula” Petro; pero esa es otra discusión que debe hacerse por los canales adecuados.  En mi opinión, la fórmula actual aplicada en el tiempo genera, como ha generado, distorsiones innecesarias, pero nuevamente, es una discusión técnica que debe hacerse a futuro.  A presente, hay que aplicar la fórmula existente, ya que es un estándar legal objetivo de obligatorio cumplimiento.

Al Consejo de Estado no puede temblarle la mano para ir a recuperar la gallina.

 

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