El desafío del gobernador Eduardo Verano y el alcalde Alejandro Char es un territorio seguro. En Barranquilla y Soledad se concentran el homicidio, el hurto a personas, la extorsión y las lesiones personales. El crimen se reproduce en medio de la impotencia de las autoridades policiales, penales y civiles.

¿No hay también un exceso de garantismo con los bandidos que ostentan montones de anotaciones judiciales y siguen delinquiendo en libertad? ¿Es por qué nuestro Derecho Penal castiga hoy “de otro modo”, como escribió Michel Foucault? El otro extremo, citando sus palabras, era “la venganza del príncipe y la cólera contenida del pueblo” que se ejercían a través “del ajusticiado y del verdugo”.

La tasa de Seguridad y Convivencia se ha venido usando para apoyar a la Policía y en plazas y parques para la convivencia. Ojalá la tasa se pudiera invertir toda en convivencia, pero tenemos un grave problema de inseguridad que amerita total atención.

Verano y Char han acordado orientar más la tasa hacia tecnología y parque automotor de la Policía especializada (Gaula, Sijin y el Sipol) para enfrentar el crimen organizado, y de la Policía de vigilancia en las calles. Plazas y parques municipales, con la tasa, solo recibirán mantenimiento.

En paralelo al fortalecimiento policial, hay que atender la justicia penal, la justicia cercana al ciudadano, a los jóvenes, a la juventud en riesgo de delinquir y al menor infractor. Es importante recordar que Verano, en su segunda administración, delegó en la Secretaría del Interior, a cargo de Guillermo Polo, el primer diagnóstico sobre la operatividad del Sistema Penal Acusatorio, el cual ayudó a hacer Protransparencia. Mostró, entre otras necesidades, la urgencia de la megacárcel, del búnker de la Fiscalía en Soledad y de las audiencias virtuales para acabar con el vencimiento de términos. Excepto la megacárcel, que no se ha podido construir por razones que es largo enumerar, lo demás es una realidad y ha servido a la seguridad.

Destaco, asimismo, entre 2022 y 2023 la concurrencia de la Gobernación (Elsa Noguera, Guillermo Polo y Yesid Turbay) y de la Rama Judicial (Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura, magistrada Martha Lucía Olano, William Espinosa, Carlos Guzmán y magistrados, jueces y empleados de la especialidad penal). Permitió la implementación del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente (SIGCMA). Protransparencia asesoró y acompañó ese trabajo. El objetivo es que haya descongestión en los despachos penales gracias a la estandarización y normalización de sus procesos.