Las presiones para desmontar el cobro por utilizar las vías concesionadas amenazan con destruir el único mecanismo de que dispone el país para mantener y expandir su infraestructura vial, instrumento de generación de desarrollo económico y reducción de pobreza. En la región Caribe las primeras víctimas de ese fenómeno, propiciado por los autodenominados comités no más peajes serán los habitantes de Bolívar y Atlántico, condenados a sufrir el impacto de la destrucción en pocos meses de diferentes tramos del corredor de carga que va desde Cruz del Viso, en Mahates, hasta el cruce de Caracolí, en el área metropolitana de Barranquilla.
El pronóstico se basa en la decisión de terminar anticipadamente el contrato de la APP de iniciativa privada “Autopistas del Caribe”, popularmente llamada vía La Cordialidad, al no haberse podido aplicar la estructura tarifaria en los peajes de Turbaco y Arroyo de Piedra lo que ha significado un menor recaudo mensual cercano a los $13 mil millones de pesos para el concesionario, imposibilitando así su cierre financiero. Se sienta con ello un pésimo precedente que puede desestabilizar un modelo que ha demostrado ser exitoso y eficaz.
A quienes se han ensañado contra los peajes hay que responsabilizarlos de las pérdidas que sufrirán los micronegocios asentados a lo largo de esta vía, los transportadores, los operadores logísticos y las empresas instaladas en su zona de influencia, la pérdida de miles de empleos y de varios contratos de proveeduría, y el retorno a aquellos tiempos aciagos de nulo mantenimiento, retrasos en los tiempos de viaje y altos índices de accidentalidad en esa carretera. Y todo ello con la continuidad del cobro de los peajes porque, más allá de que las opere un privado o el Estado, esos dineros son la mayor fuente de financiación de la construcción, mantenimiento y operación de las vías.
No entienden ellos que mientras los concesionarios deben construir las vías con las especificaciones establecidas y en los tiempos indicados, y que por ejemplo para su mantenimiento deben aplicar una capa de asfalto nueva en todo el corredor vial cada cierto periodo porque son exigencias dentro de su contrato, el INVÍAS no garantiza esas mismas condiciones. Basta ver el tramo de cerca de 12 kilómetros que está a cargo de esa entidad en la ruta costera Cartagena – Barranquilla, entre Santa Verónica y Puerto Velero, para validar este argumento.
El no cobro del peaje de Turbaco debilitó “Autopistas del Caribe” porque representaba el 30% de los ingresos de la concesión, indispensables para que el proyecto apalancara un monto mínimo de créditos por $840 mil millones de pesos. El concesionario puede recuperar su inversión aplicando instrumentos como el contrato de recompra por el monto establecido, sin que ello incluya el valor de las obras ejecutadas. O reclamarle judicialmente a la ANI por la terminación anticipada del contrato. Los usuarios de la vía, entre tanto, volverán a ampliar la distancia en tiempos de viaje entre Cartagena y Barranquilla con el incremento de costos que ello acarrea, y las ambulancias, carros talleres, grúas, entre otros beneficios que tienen las vías concesionadas, serán cosas del pasado.
Transcurrirá por lo menos una decada para que alguna iniciativa privada tenga la intencion de presentar un proyecto en este corredor de carga y mientras tanto los habitantes de su zona de influencia y sus usuarios pagaremos las consecuencias del daño irreparable que unos pocos, sin argumentos técnicos y jurídicos legítimos, le hicieron al proyecto.
*Director ejecutivo de CCI Norte
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