Otra vez, la “cantaleta” anticorrupción

Desde hace muchos años nuestros gobernantes han “embarcado” al país en la idea de que para gobernar hay que estar cambiando incesantemente las leyes e incluso la Constitución. El contraste es claro con los países desarrollados: el presidente de los EE. UU, el del gobierno español, los primeros ministros de Canadá, Francia o Alemania, no agitan su agenda pública con el anuncio de cambios constitucionales o legales y muchísimo menos con el “coco” de una constituyente para gobernar; en términos generales, se dedican a administrar y cumplir las leyes y normas vigentes.

El último de nuestros jefes de Estado que quiso seguir esa guía básica de administración fue Virgilio Barco. En efecto, en su discurso de posesión dijo que no era necesario modificar la Constitución para las transformaciones sociales que tenía en mente como la paz, el plan nacional de rehabilitación y la reforma agraria. Sin embargo, tuvo que cambiar de opinión cuando, después del violento secuestro de Álvaro Gómez por parte del M19, aceptó las negociaciones en Panamá para su liberación, en las que el grupo secuestrador pidió no una constituyente sino una reforma constitucional.

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