Antes de que alguien las satanice… |
Las redes sociales no necesitan defensa, pero sí comprensión. Demonizarlas es tan simplista como idealizarlas, y ambas posturas -curiosamente- terminan sirviendo al mismo actor: las plataformas que prefieren usuarios emocionales antes que ciudadanos críticos. Nada más funcional que una indignación permanente… bien dirigida.
Porque no, el problema nunca ha sido la herramienta, sino la arquitectura que la gobierna. Y ahí está el giro que empieza a asomar -todavía tímidamente- en tribunales y reguladores: ya no se trata de lo que hacemos en redes, sino de lo que las redes hacen con nosotros, por nosotros… y, llegado el caso, en nuestra contra.
Durante años, el debate público giró en torno a la libertad de expresión, la desinformación o la polarización. Todo cierto, pero también convenientemente superficial. El verdadero diseño de poder que adquirieron estas plataformas estaba en otra parte: en la ingeniería de la atención. No es casualidad. Meta o YouTube no son empresas de contenido, sino de comportamiento. No venden información: modelan hábitos. Y lo hacen con una precisión quirúrgica que no se improvisa ni se accidentaliza… se programa.
Por eso, el reciente fallo de un jurado en Estados Unidos -que declara negligentes a estas plataformas por dañar a menores mediante diseños adictivos- no es una anécdota jurídica, sino un parteaguas profundamente conceptual. Por primera vez, la responsabilidad no recae en el usuario, sino en el sistema que lo captura. Vaya novedad: el problema no era la “falta de autocontrol” de los usuarios, sino el exceso de control de las plataformas.
Durante años, figuras como Mark Zuckerberg desfilaron por el Congreso estadounidense en audiencias que eran más espectáculo que rendición de cuentas. Mucha pregunta indignada, cero consecuencia real. Esta vez, sin embargo, la escena cambia: ya no los convoca un foro político, sino el incómodo llamado del banquillo judicial. Y ahí empieza a resquebrajarse una narrativa que resultaba particularmente cómoda: culpar a los usuarios -o a sus padres- por no saber autorregularse.
Porque sí, la responsabilidad individual existe… pero competir contra algoritmos diseñados para explotar vulnerabilidades cognitivas no es exactamente un duelo entre iguales. Es más bien una pelea entre un boxeador amateur y una máquina que ya leyó todos sus movimientos.
Los datos, además, ya no permiten evasivas elegantes. Ansiedad, dependencia, reducción de la capacidad de atención, deterioro de la memoria: los efectos en menores no son percepciones alarmistas, sino evidencia empírica. Y, por supuesto, no es menor que muchas de estas plataformas permitan el acceso desde edades en las que el cerebro sigue en plena construcción. Nada como enganchar temprano al cliente.
El punto de quiebre está en otro lado: en el conocimiento previo. En que desarrolladores, directivos y empresas sabían lo que estaban haciendo… y decidieron no hacerlo distinto. Los fallos judiciales no hablan de errores, hablan de decisiones. No de descuidos, sino de modelos de negocio. La adicción no fue un efecto secundario; fue, en buena medida, el objetivo.
Pero aún falta mucho por judicializar y, sobre todo, por incomodar. En California, una indemnización millonaria luce casi simbólica frente al tamaño del problema que ya se despliega en individuos y sociedades enteras. En Nuevo México, la sanción a Meta escala y el argumento se afina: priorizar beneficios sobre la seguridad de los usuarios -particularmente menores- no es innovación; es negligencia estructural con buena prensa.
Aquí aparece un trascendido que comienza a circular en ciertos círculos regulatorios: la posible equiparación jurídica entre las redes sociales y las industrias de riesgo sanitario, como ocurrió con el tabaco en los años noventa. No por equivalencia moral, sino por lógica de responsabilidad. La comparación incomoda -como todas las comparaciones útiles-, pero no es descabellada. En ambos casos hay tres elementos: conocimiento previo del daño, minimización del mismo y un modelo económico que depende de su persistencia.
La diferencia -y no es menor- es que las redes sociales sí generan valor social real. Conectan, informan, movilizan y democratizan ciertas conversaciones. El problema no es su existencia, sino su diseño deliberadamente desregulado y su uso prácticamente sin contrapesos. Una combinación, por decirlo suavemente, tentadora.
Y ahí es donde el debate apenas comienza. Porque regular contenido es relativamente sencillo; regular arquitectura es otra cosa bastante más incómoda. Implica meterse con el corazón del negocio, no con sus efectos secundarios. Y eso, como es de esperarse, entusiasma poco a quienes viven de ese corazón latiendo sin interrupciones.
De fondo, lo que estamos viendo es el inicio de una disputa más amplia: quién controla la atención en el siglo XXI. Y esa no es una conversación tecnológica, sino política, económica y, sobre todo, civilizatoria. Porque quien controla la atención, controla -en buena medida- la realidad percibida.
Las redes no van a desaparecer. Tampoco deberían. Pero la era de la ingenuidad digital sí parece estar llegando a su fin. Y eso, más que alarmarnos, debería incomodarnos lo suficiente como para entender que el verdadero campo de batalla nunca fue la pantalla… sino todo lo que ocurre detrás de ella.
POR VERÓNICA MALO GUZMÁN
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