En un giro contundente contra el crimen organizado, Clara Brugada selló la semana pasada el "Pacto contra la Extorsión", una alianza sin precedentes que convoca a toda la sociedad a combatir ese delito.

La propuesta moviliza a los tres poderes de la Unión, al sector empresarial y académico para asfixiar a la delincuencia en la capital.

La consigna es: tolerancia cero, con la advertencia de que no habrá tregua.

La jefa de Gobierno aseguró que el Estado utilizará todo su músculo para proteger el patrimonio y la paz de los capitalinos.

Fue enfática al definir la magnitud del desafío: “La extorsión es un delito que lastima a las personas y tan solo la amenaza, la presión, el chantaje, cambia por completo la vida de familias completas”, resaltó la mandataria.

Subrayó que la prioridad de su administración es devolver la serenidad a los hogares, negocios y a todos los capitalinos.

La estrategia ataca el corazón legal del problema con la creación del "hostigamiento coercitivo". Una nueva figura jurídica, enviada ya al Congreso local que permitirá castigar la tentativa de extorsión, es decir, el intento del delito, aunque no se consume pago alguno.

Bajo este esquema, el solo acto de presionar, amenazar o amedrentar a una persona para obtener un beneficio será sancionado con severidad.

Esta reforma busca cerrar las lagunas legales que propiciaban impunidad y permitían que delitos como el “gota a gota” se persigan de oficio, quitándoles a las víctimas la carga de ser ellas quienes impulsen la denuncia inicial frente a sus agresores.

El diagnóstico es crudo: la extorsión ha mutado. Brugada la definió como un delito de "nueva generación" que ya no solo afecta a los comercios, sino que se ha infiltrado en el mundo digital y los servicios financieros.

Ante este escenario, la mandataria lanzó un llamado a la acción colectiva: “Cuando actuamos juntos, el miedo deja de ser una herramienta del delito y se convierte en una fuerza para detenerlo”.

Para la mandataria capitalina, este no es solo un plan de gobierno, sino un compromiso que convoca a toda la sociedad, pues la participación ciudadana es el escudo más fuerte contra el crimen.

En este frente común, la participación de los empresarios seguirá siendo determinante.

Los líderes de las cámaras de comercio y organismos industriales firmaron el pacto comprometiéndose a fomentar la cultura de la denuncia y a colaborar estrechamente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El sector privado reconoció que la extorsión frena la inversión y el crecimiento económico, por lo que seguirá activo en las mesas de inteligencia para identificar y desarticular las redes de cobro de piso e identificar el fraude.

Pese a la "cifra negra" provocada por el miedo, la ofensiva emprendida contra este delito ha arrojado resultados. Entre enero de 2025 y marzo de 2026, las autoridades capturaron a 335 implicados, un aumento del 30% en efectividad.

Las órdenes de aprehensión también se dispararon un 45% en el primer trimestre de este año, lo que refleja una coordinación más estrecha entre policías y fiscales.

Para consolidar el cerco, se anunció la creación de un Centro de Atención Inmediata contra la Extorsión y un refuerzo a la inteligencia financiera, con el objetivo de rastrear la ruta del dinero y golpear la estructura económica de las bandas.

Con el respaldo del Poder Judicial y el sector privado, el Gobierno de la CDMX busca que la denuncia sea el arma principal.

Brugada sentenció: el éxito de este pacto radica en la unión, porque una sociedad organizada es invencible frente a la delincuencia.

DIPUTADO DE MORENA EN EL CONGRESO DE LA CDMX

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