Adolescentes en conflicto con la Ley |
Como dan cuenta diversos medios de información, el Gabinete de Seguridad trabaja día a día para recuperar las condiciones de seguridad en las diversas regiones de nuestro país.
Como lo he expresado en columnas previas, aún queda mucho por hacer a efecto de detener y aún revertir los índices delictivos que prevalecen en diversas entidades federativas.
Desafortunadamente, en este contexto, cabe analizar diversos hechos delictivos, algunos de ellos del ámbito común, que involucran a niños y adolescentes, como los sucedidos en dos instituciones educativas; el asesinato de un estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel sur de la Universidad Nacional Autónoma de México en septiembre de 2025, así como el relativo de dos maestras en una escuela preparatoria en el Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en marzo de 2026.
Entre otros lamentables casos está también el crimen de Leyla Monserrat, de 15 años de edad, en manos de dos “amigas” en Sonoyta, Sonora, a mediados de 2025.
Asimismo, se ha identificado la participación de adolescentes como sicarios de organizaciones delictivas. Al respecto, también se ha señalado, en algunos casos, que han actuado forzados por éstas.
Lo anterior visibiliza una vertiente de urgente atención, con el objeto de prevenir y detener esta incidencia delictiva que compete, en muchos casos, a las autoridades de las entidades federativas y, en otros, con el apoyo y coordinación con las instancias competentes del ámbito federal.
Estimo que aún estamos a tiempo de contribuir a la disminución de los delitos que involucran la participación de adolescentes y jóvenes como sujetos activos.
Pero no podemos dejar de pensar en las víctimas y sus familias, en delitos de alto impacto como homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, extorsión o robo con violencia, que dejan huellas imborrables y en muchos casos destruyen familias.
Los adolescentes y jóvenes son actores clave para el cambio de paradigma que construimos para el futuro de nuestro país, por lo que debemos comprometernos con ellos y, por supuesto, en su caso, inhibir su participación en la comisión de delitos, fortaleciendo las políticas públicas pero también revisando la actualización del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes que corresponda a las dinámicas delictivas en las cuales se ha identificado su participación, a efecto de implementar medidas efectivas de reintegración social y familiar y, en su caso, en términos de la ley de la materia, sanciones privativas de la libertad proporcionales.
En este marco, a finales del mes de abril estaremos organizando en la Cámara de Diputados un Parlamento Abierto, a efecto de analizar —con la participación de especialistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil—, la actualización del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de fortalecer el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, de manera relevante, cuando se cometan delitos de alto impacto, como los antes descritos.
Estoy seguro que la actualización del Sistema permitirá avanzar hacia un mecanismo de respuesta proporcional en casos graves o de alto impacto, en que la lógica socioeducativa vigente es rebasada frente a la gravedad objetiva de los actos y al nivel de desarrollo acreditado por el adolescente responsable, e impactará también en la recuperación de la seguridad.
Atendamos con la mayor responsabilidad el tema de los adolescentes en conflicto con la ley.
POR SERGIO MAYER BRETÓN