La seguridad privada se ha convertido en un actor cotidiano en México: vigila oficinas públicas, hospitales, museos, bancos, fraccionamientos, comercios e instalaciones estratégicas. Sin embargo, el crecimiento del sector no ha estado acompañado por un sistema nacional capaz de saber, con certeza, quiénes prestan esos servicios, bajo qué permisos, con qué personal y con qué controles. En un ámbito que maneja armas, información sensible y la protección de personas y bienes, esa fragmentación se convierte en un verdadero problema.

El dato oficial más reciente permite dimensionar sólo la parte visible. El Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que, al cierre de 2024, las instituciones estatales tenían registradas cinco mil 124 empresas de seguridad privada y 113 mil 987 personas adscritas a ellas, de las cuales 101 mil 317 realizaban labores operativas.

La medición ni siquiera incluyó a la Ciudad de México, porque la entidad no entregó completa la información requerida por el INEGI.

La cifra negra es mucho más difícil de establecer. El Consejo Nacional de Seguridad Privada calcula que en el país operan más de 10 mil compañías irregulares frente a las poco más de 5 mil formales, además de un universo superior a 500 mil guardias, legales e ilegales. La estimación fue difundida por La Jornada en junio de 2025.

Los datos locales ayudan a entender la magnitud del problema. En febrero de 2026, la Secretaría de Seguridad del Estado de México tenía registradas 467 empresas, mientras el Consejo de Alarmas y Seguridad Privada de la entidad estimaba que entre 700 y 800 trabajaban sin autorización y controlaban hasta 60 por ciento del mercado residencial y comercial.

En Hidalgo, la propia autoridad estatal informó en........

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