La limpieza reputacional se convirtió en un negocio que trae ganancias millonarias. Políticos y personajes vinculados con tramas criminales han pagado miles de dólares para intentar borrar su pasado incómodo en Internet. Una de las firmas más señaladas en ese mercado es Eliminalia, empresa española dedicada a gestionar la eliminación o desindexación de contenidos críticos mediante estrategias digitales que buscan alterar los resultados de búsqueda.

Investigaciones internacionales encabezadas por Forbidden Stories, a partir de la filtración de más de 50 mil archivos internos, documentaron cómo personajes públicos de México y el mundo recurrieron a ese tipo de servicios. Entre los nombres que aparecieron en esos reportes se encuentran el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, Francisco Javier Cabeza de Vaca, así como Higini Cierco y Ramón Cierco, los exdueños de la polémica Banca Privada d’Andorra (BPA), el narcotraficante español José Mestre Fernández o el blanqueador de dinero ruso Malchas Tetruashvili, entre otros.

El patrón descrito consiste en generar o replicar contenido favorable para desplazar y diluir información incómoda bajo una avalancha de positivos. Vale la pena revisar con lupa el caso del empresario Adolfo del Cueto Aramburu, fundador de Bulltick Casa de Bolsa, cuyo nombre, según reportes de prensa, aparece en declaraciones ministeriales integradas en carpetas de investigación relacionadas con la estructura que operó durante la gestión de Genaro García Luna.

De acuerdo con señalamientos periodísticos, testimonios de los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, así como de Natan Wancier Taub, quienes obtuvieron criterio de oportunidad por parte de la FGR, lo señalan como presunto intermediario en la entrega de sobornos vinculados con contratos penitenciarios federales entre 2008 y 2013.

Según estas investigaciones, los tres accionistas de Nunvav entregaron documentación sobre transferencias y depósitos bancarios que, a su decir, habrían sido canalizados a Del Cueto y a Jorge Fernández Moreno. Esos recursos, sostienen, tenían como finalidad el pago de presuntos sobornos al entonces presidente Enrique Peña Nieto y a su exsecretario Osorio Chong.

Se sabe que la FGR, de Ernestina Godoy, mantiene abiertas diversas líneas de investigación relacionadas con la presunta red financiera asociada a García Luna, por lo que llama la atención que apenas en septiembre de 2025 se revocó un acuerdo de no ejercicio de la acción penal que beneficiaba a Del Cueto, lo que implicó la reactivación formal de una carpeta en su contra. Esa decisión fue impugnada mediante el juicio de amparo, y aunque no se conoce si este expediente esté relacionado con García Luna, los documentos refieren que la determinación se sustentó en actuaciones de la UIF.

Mientras esto ocurre, en Internet proliferan desde finales de 2025 contenidos que presentan a Del Cueto como asesor financiero, líder empresarial y promotor de educación económica. Los textos lo describen como un empresario exitoso y consolidado, sin relacionarlo con García Luna.

Autoridades estadounidenses como la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), encabezada por Andrea Gacki, así como instancias mexicanas como la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Omar Reyes Colmenares, podrían indagar a este empresario, el sorprendente viraje en su trayectoria y, sobre todo, el intento de desmarcarse de García Luna. Por lo pronto, nos dicen, le seguirían los pasos en Florida.

La prueba del sistema

El caso de la pedrera Matrimar coloca a Nuevo León frente a una prueba institucional delicada. Y es que, la empresa denunció la exigencia de 50 mdp para alinearse con el gobierno estatal de Samuel García, y poder operar sin contratiempos. Sin embargo, y después de haber recibido una certificación oficial que acredita que se encontraba al corriente en sus obligaciones fiscales, el escenario comienza a cambiar. Se trata del expediente DF-27/2025, mismo que concluyó que no existen incumplimientos y ordenó el cierre definitivo del procedimiento. A pesar de esto, autoridades cobraron 15 millones por supuestos ajustes de impuestos y, más tarde, surgió la acusación de nuevas deudas. Ante esto, la ex Secretaría de Economía federal, Tatiana Clouthier, planteó que la Fiscalía Anticorrupción debe investigar los hechos, pues se cuestionó el papel del fiscal y del área especializada en el combate a la corrupción. El Congreso y la Auditoría tendrían que actuar para esclarecer si existieron pagos indebidos. El contexto político añade presión, ya que se difundieron audios donde se menciona la intervención del diputado Baltazar Martínez, líder estatal de Movimiento Ciudadano, en la supuesta mediación del pago. Al tiempo.

México compite en salud

El Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga", figura en el listado The World’s Strongest Hospital Brands 2026 como uno de los más solventes técnicamente, para consolidarlo como la institución pública mejor posicionada del país. Este ascenso no es un triunfo de la percepción, sino de la capacidad de respuesta que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha fijado como eje al fortalecer la infraestructura estratégica. Cuando un hospital registra 803 mil consultas anuales y lidera los trasplantes hepáticos a nivel nacional, la reputación se convierte en un indicador de estabilidad del sistema. La inversión realizada en los últimos dos años, por 415 millones de pesos en equipamiento y tecnología, amplió la capacidad diagnóstica y quirúrgica, además de elevar los estándares de atención en áreas de alta especialidad de este centro médico. Sin olvidar que este año egresaron 454 especialistas, otra muestra de que forma el talento médico que sostiene la red hospitalaria del país.

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