Después de un proceso de reingeniería institucional en materia de control y rendición de cuentas, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que modifica la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal. Se trata de un paso relevante para fortalecer la fiscalización en México, pero también de una oportunidad que exige vigilancia. 

Uno de los cambios más importantes es que la Auditoría Superior de la Federación podrá investigar faltas administrativas graves no sólo como resultado de auditorías, sino también de oficio o a partir de denuncias ciudadanas. Este elemento amplía la capacidad de respuesta institucional y reconoce que la ciudadanía también fiscaliza. 

Para que esto funcione, se prevé habilitar herramientas y canales que faciliten la presentación de denuncias. La confianza en las instituciones se construye cuando existen mecanismos accesibles y efectivos para señalar irregularidades. 

La reforma también corrige prácticas que, lejos de ayudar, entorpecían los procesos. Se eliminan solicitudes de información redundantes en la notificación de informes individuales, evitando duplicidades y retrasos. En su lugar, se refuerzan acciones como los pliegos de observaciones que, de no atenderse, pueden derivar en responsabilidades resarcitorias y en la identificación de faltas graves. 

Otro acierto es la incorporación de plazos más claros. Destaca el periodo improrrogable de 90 días hábiles para enviar a investigación los dictámenes técnicos, así como la obligación de informar a la Cámara de Diputados en un máximo de 20 días hábiles en casos derivados de denuncias. La oportunidad en la fiscalización es una condición para que tenga efectos reales. 

A ello se suma la creación de un Sistema Nacional de Registro de Información sobre el uso de recursos federales, que permitirá concentrar información más precisa y ordenada, favoreciendo la trazabilidad y transparencia del gasto público. 

Respecto a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se modifica el artículo 67 para establecer la obligación de que los entes públicos integren información más completa, incluyendo datos identificativos y de beneficiarios finales en el uso de recursos de origen federal, incluidas las participaciones federales. 

También se fortalece la coordinación con las entidades de fiscalización locales, lo que puede ampliar el alcance de las revisiones y mejorar el seguimiento del gasto federalizado. Sin embargo, replicar la normativa federal sin atender las realidades locales ha sido una práctica recurrente que debilita, en lugar de fortalecer, los sistemas estatales. 

En términos generales, representa una oportunidad para consolidar un sistema de rendición de cuentas efectivo, cercano a la realidad del gasto público, y que debe alertar a las entidades de fiscalización superior locales que en varios casos emiten su normatividad como un espejo de la normatividad de la Auditoría Superior de la Federación sin un análisis profundo de su contexto y atribuciones.

EX COMISIONADA DEL INAI

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