La democracia mexicana vive un momento definitorio. No por falta de leyes ni por ausencia de instituciones, sino por algo mucho más profundo: la amenaza real de que el crimen organizado consolide la captura de lo que durante décadas hemos construido con esfuerzo.

La iniciativa de reforma electoral presentada por el gobierno federal pretende rediseñar reglas, ajustar estructuras y modificar equilibrios. Sin embargo, pretende evadir el problema más grave que hoy enfrenta nuestro sistema democrático: la infiltración del crimen organizado en campañas, candidaturas y procesos electorales. Y esa omisión no es menor. Es, en realidad, el centro de todo.

Desde Acción Nacional lo hemos dicho con claridad: México sí necesita una reforma electoral, pero no cualquier reforma. Necesitamos una que garantice que el voto sea libre, que la competencia sea equitativa y que quien gobierne haya sido elegido por la ciudadanía, no por grupos criminales.

Porque cuando el dinero ilegal entra a las campañas, la democracia simplemente deja de existir. Reducir el financiamiento público sin cerrar las puertas al financiamiento ilícito no fortalece la austeridad; fortalece a quienes ya tienen acceso a recursos paralelos.

Cuando las balas sustituyen a los votos, la democracia deja de ser democracia. La elección de 2024 fue la más violenta de nuestra historia reciente: asesinatos, amenazas, atentados, renuncias forzadas. No fue un fenómeno aislado, fue un patrón de control territorial.

Y cuando los partidos -por presión o por conveniencia- postulan a candidatos vinculados al crimen organizado, el problema deja de ser electoral y se convierte en un problema de Estado. Porque entonces ya no sólo se manipula la elección: se condiciona el gobierno que viene después; ya lo hemos visto, y Tequila, Jalisco, es un ejemplo.

Por eso hemos puesto sobre la mesa una ruta integral, seria y responsable. Una que atiende cuatro frentes indispensables: cortar el flujo de dinero ilegal en campañas, frenar la violencia política, impedir la postulación de narcocandidatos y sancionar la intervención criminal durante la jornada electoral.

Si se acredita financiamiento criminal en una campaña, la elección debe anularse. Si asesinan a un candidato para alterar la contienda, la elección debe suspenderse. Si un partido postula candidatos ligados al crimen, debe asumir consecuencias legales y electorales. Si se toman casillas o se intimida a votantes, el resultado no puede considerarse válido.

Así de claro. Así de directo.

Pero una reforma de fondo también debe fortalecer la confianza ciudadana. La reforma electoral que hoy se discute no puede quedarse en la superficie. México necesita reglas que no sólo ordenen las elecciones, sino que devuelvan sentido a la política. Por eso es indispensable fortalecer el registro público de promesas de campaña, para que cada compromiso asumido frente a la ciudadanía tenga seguimiento, medición y consecuencias. No se trata de burocracia, se trata de honestidad política. Si queremos combatir la desconfianza, empecemos por obligarnos a decir con claridad qué ofrecemos y qué cumplimos. La democracia no se agota el día de la elección; comienza ahí.

Acción Nacional ha planteado también un principio elemental: ningún partido que tenga vínculos comprobados con el narcotráfico debería conservar su registro. No hay matices posibles cuando se trata de defender la democracia.

Al mismo tiempo, creemos en una reforma que fortalezca a la ciudadanía: representación más justa, mecanismos de participación más robustos, primarias abiertas, segunda vuelta electoral y un árbitro electoral fuerte e independiente. Porque la democracia no sólo se defiende combatiendo al crimen; también se fortalece ampliando la voz de las y los ciudadanos.

México está en una disyuntiva histórica. Podemos optar por una reforma cosmética que maquille el sistema sin atender sus heridas más profundas, o podemos dar el paso valiente de cerrar el paso a la narcopolítica, recuperar la integridad de nuestras elecciones y dignificar la palabra empeñada en campaña.

En Acción Nacional estamos listos para construir, dialogar y acordar. Pero también para señalar con firmeza cuando se pretende simular.

La pregunta de fondo no es técnica. Es moral y es política: ¿Queremos que las elecciones las decidan los ciudadanos o quienes se imponen por la fuerza? Los escuchamos.

POR JORGE ROMERO HERRERA

© El Heraldo de México