Uno de los efectos de la absurda prohibición contra las drogas, impulsada por Estados Unidos y secundada por muchos países, entre ellos México, ha sido el empoderamiento de la delincuencia organizada que, además del narcotráfico, ha ampliado su gama de expoliación.

Aparte de los homicidios dolosos y las desapariciones forzadas, en México la trata de personas, el secuestro y la extorsión azotan a la sociedad. Me detengo en la extorsión, incluido el “derecho de piso”, y más adelante en el cohecho, a cargo de servidores públicos.

Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex, ha alertado -con razón- de que el “derecho de piso” (una cuota periódica que grupos delincuenciales imponen a comerciantes, transportistas, agricultores, constructores, etc.), se ha convertido en una práctica criminal que vulnera la libertad económica, inhibe la inversión y amenaza la seguridad de miles de negocios. Según la encuesta Data Coparmex, en 2023 hubo extorsiones por 24 mil millones de pesos pagados a la delincuencia. Se calcula que 12.8% de los empresarios ha sido víctima de extorsión.

No solo los datos privados, también los oficiales muestran la gravedad del problema.........

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