AYER LA SUPREMA Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un revés al empresario Rafael Zaga Tawil, al amparar a Actinver y evitar que pagara poco más de mil millones de pesos.

Como una prédica en el desierto, sólo se alzó la voz del ministro Giovanni Figueroa. Fue contundente al señalar que se fijaría un precedente que dejaba en la incertidumbre a los inversionistas frente a la conducta laxa de las instituciones fiduciarias.

El personaje que representa Zaga en todo este enredo siempre fue mal visto por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Más allá de las circunstancias y de que se resuelva el dichoso fraude cometido al Infonavit en tiempos, primero de Alejandro Murat, y después con David Penchyna, el caso que ayer resolvió la Corte, cuya mayoría aprobó, deja mucho qué decir.

De las intervenciones de seis de sus integrantes, sólo el ministro ponente defendió una postura que venía arrastrando desde el proyecto de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, sin cambiar una coma y hasta con anacronismos como seguir citando al anterior secretario General de Acuerdos.

El resto de los ministros guardaron silencio sepulcral.

Los argumentos del único togado que abiertamente votó en contra del proyecto miraron hacia adelante: “no son las partes litigantes del caso”, es el futuro de la confianza en las instituciones de crédito y fiduciarias.

Se fija un precedente que francamente pone en tela de juicio la seguridad que deben otorgar los bancos a los fideicomitentes y a los beneficiarios de los fideicomisos.

El tecnicismo del asunto hace que se vuelva complejo que el caso se comprenda en toda su dimensión. Sea por eso por lo que pase desapercibido al público en general.

Pero,........

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