Burpees o despido

La línea que divide el liderazgo de la patología corporativa se ha borrado. Esta semana causó revuelo el caso de una empresa que exige a sus trabajadores realizar 50 burpees diarios con evidencia en video para conservar su empleo, síntoma de un coaching coercitivo que ha mutado en una violación flagrante a los derechos humanos más básicos bajo el disfraz de “mentalidad de ganador”.

Mientras el empresario Diego Alberto Díaz Robles insiste en defender esta práctica, luego de que saliera a la luz la denuncia en TikTok de una ex aspirante, ignora la realidad de la fuerza laboral en México. Según la OMS, México es uno de los países con mayor estrés laboral a nivel mundial (75% de los trabajadores lo padecen), y añadir una carga física obligatoria y fiscalizada solo dispara los factores de riesgo psicosocial.

Aunque se busque disfrazar bajo un argumento de salud, esta imposición sólo busca docilidad. Otra cosa: no se trata de un puesto para bomberos, atletas de alto rendimiento o cualquier otro oficio donde la condición física sea inherente al empleo, así que al condicionar la permanencia a una capacidad física no relacionada con la descripción del puesto, se incurre en una discriminación sistémica que invalida el Artículo 1° de la Constitución y el Artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo.

¿Dónde queda el talento de una persona con discapacidad motriz o una condición cardíaca bajo este régimen de “disciplina” forzada? En el cesto de la basura de la “mediocridad”, según la lógica de Díaz Robles.

La práctica vulnera además la NOM-035-STPS-2018 que obliga a los patrones a prevenir entornos organizacionales favorables y evitar la violencia laboral. Exigir videos de la vida privada (la esfera del ejercicio personal) bajo amenaza de exclusión es, técnicamente, acoso laboral.

Además, existe un vacío peligroso en la Ley Federal de Protección de Datos Personales. ¿Qué hace la empresa con 50 videos diarios de los cuerpos de sus empleados en movimiento? La intrusión en la autonomía corporal es ilegítima y abre la puerta a riesgos de seguridad y privacidad que ninguna “filosofía de alto rendimiento” justifica.

El sector patronal suele quejarse de que las nuevas generaciones no quieren “ponerse la camiseta”. Pero, lejos de falta de compromiso, lo que estamos viendo es el fin de una sumisión romántica que por años normalizó el trabajar bajo presión como una virtud. La juventud actual entiende que el trabajo es un contrato de intercambio de talento por salario, no un contrato de esclavitud estética o moral.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no puede limitarse a observar. Permitir que el “bienestar” se use como herramienta de coacción es retroceder décadas en justicia social. El éxito de una organización se mide en KPIs y rentabilidad, no en la cantidad de saltos que un empleado da para complacer el ego de un jefe con delirios de sargento.


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