La respuesta del gobierno mexicano a la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU fue más rijosa que rigurosa. No sólo se negó a registrar las complejidades del diagnóstico en el que se basa; lo objetó a partir de una lectura tergiversada del mismo, útil no para hacerse cargo sino para darse por agraviado y, desde ahí, descalificarlo. El CDF no dijo lo que México salió a desmentir airadamente: dijo algo mucho más sensato, incómodo y, por lo tanto, difícil de admitir.

En su “Decisión en virtud del artículo 34 de la Convención: México”, el CDF afirma dos cosas. Una es que existen “indicios bien fundados” de que en México “se han perpetrado y se siguen perpetrando” desapariciones forzadas. La otra, que “no hay........

© El Heraldo de México