Entre febrero y agosto de 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum entregó a Estados Unidos a 55 narcotraficantes mexicanos sin que, hasta hoy, se conozca con claridad la ruta legal ni el sustento jurídico de esas operaciones. 

Lo que el oficialismo presentó como â€œdecisiones soberanas” se percibe, en los hechos, como una cesión silenciosa de soberanía judicial. 

En teoría, la cooperación entre México y EU en seguridad debería caminar por el cauce del Tratado de Extradición de 1978. Pero estas 55 entregas —realizadas en dos operaciones masivas y de alto sigilo— abren una grieta delicada: ¿puede un gobierno transferir personas sin un debido proceso plenamente verificable? 

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, y otros legisladores exigieron información. Nadie ha confirmado bajo qué figura se “depositó” a esos criminales en manos estadounidenses. 

Ni la FGR ni Relaciones Exteriores han rendido cuentas con detalle. Lo poco que se ha explicado se amarra al argumento de “seguridad nacional”, como si esa........

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