La Comisión de Ética del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) encontró plagio en dos artículos firmados por su director, José Antonio Romero Tellaeche. Eso no es nuevo. Lo novedoso es que el directivo demandó a quien denunció la apropiación de ideas ajenas y a quien divulgó esa denuncia, y que, a pesar de que se suponía que se llegó a un acuerdo político en el gobierno federal para que tal demanda cesara, esta sigue.

El 8 de octubre de 2025, Romero Tellaeche, director del CIDE desde agosto de 2021, demandó a la académica Catherine Andrews y al diario El Universal. Ante el juzgado, dijo que pretende el pago de una indemnización por daño moral, “derivado de las expresiones falsas, dolosas y reiteradas, imputándome actos de plagio y violencia laboral, mismas que afectaron mi honor, reputación y prestigio profesional”.

Exige además “que se declare judicialmente la falsedad de las imputaciones realizadas por la demandada Catherine Andrews, al no existir resolución firme o sanción académica alguna que las sustente”.

Que “se condene solidariamente a El Universal” y se ordene “la publicación de una disculpa y una rectificación”. Y, finalmente, “el pago de gastos y costas........

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