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El contrato de elaboración de los pasaportes es la puerta de entrada a una nueva era de soberanía digital, fortalecimiento del Estado y libre competencia. Es un proceso disruptivo que ha despertado todo tipo de suspicacias de quienes defienden el viejo modelo que regentaba una multinacional y se resisten al cambio.

La discusión sobre el nuevo modelo de pasaportes en Colombia ya no es técnica ni silenciosa. Se convirtió en un debate jurídico, institucional y político que toca fibras sensibles, como soberanía de datos, fortalecimiento del Estado, cooperación internacional y libre competencia. Más allá del ruido mediático que generan los enemigos del proceso hay una hoja de ruta concreta, con fases definidas, instrumentos jurídicos firmados y procesos judiciales aún en etapa preliminar.

Lo primero que debe entenderse es que se trata de la garantía de un derecho fundamental y no de un simple trámite administrativo. En efecto, la Corte Constitucional señaló, en la Sentencia T-156 del 2 de mayo de 2025, que se trata de un documento indispensable para ejercer derechos fundamentales como la libre locomoción y la unidad familiar. La Ley 2136 de 2021 también consagró el derecho de los colombianos, dentro y fuera del país, a obtenerlo.

A esto se suma un componente técnico ineludible. Colombia, como Estado miembro de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, debe cumplir con los estándares del Documento 9303 sobre pasaportes electrónicos y lectura mecánica. Desde septiembre de 2015 el país expide pasaportes electrónicos biométricos, y la propia OACI recomienda que estos documentos no excedan un periodo de validez de diez años. El cambio de........

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