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Una discusión sobre si la JEP debe o no ajustar sus gastos es legítima porque, como todas las entidades del Estado, debe rendir cuentas sobre su uso de los dineros públicos. Sin embargo, otra cosa muy distinta es que el gobierno y su coalición utilicen el instrumento fiscal como un ataque contra esta jurisdicción, que no les gusta. Por eso el recorte presupuestal está acompañado de otras dos graves embestidas, que son dos propuestas de reforma constitucional.

La primera busca acortar drásticamente el periodo de funcionamiento de esta jurisdicción. Lo limita de 15 a 10 años pues establece que la JEP terminará en marzo de 2028,…

La primera busca acortar drásticamente el periodo de funcionamiento de esta jurisdicción. Lo limita de 15 a 10 años pues establece que la JEP terminará en marzo de 2028, mientras que la regulación actual señala que ésta tendrá hasta marzo de 2033 para terminar su actividad jurisdiccional. Este recorte le impediría culminar los procesos que están avanzados, pero no han sido sentenciados: varios macrocasos en temas tan sensibles como violencia sexual y varios juicios a máximos responsables........

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