Paz, seguridad y elecciones: efectos indirectos de la violencia en la campaña presidencial |
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Las próximas elecciones presidenciales en Colombia están atravesadas por un debate que, aunque no es nuevo, adquiere hoy una forma distinta: la posible incidencia de la violencia en la competencia electoral. Sin embargo, la discusión pública ha tendido a formular mal el problema.
La atención se ha concentrado en la búsqueda de pruebas de intervención directa de grupos armados en favor de candidaturas específicas, cuando el fenómeno más relevante parece estar operando en otro nivel: el de los efectos directos e indirectos que la violencia y el control territorial ejercen sobre las condiciones mismas de la competencia democrática.
Este es uno de los debates que, desde hace veinte años, cuando el país vivió los escándalos de la parapolítica, se ha evitado tener. Y es que resulta evidente que, si existen grupos armados que aspiran al control territorial, estos van a tener injerencia en los procesos democráticos. Aceptarlo implica reconocer que el Estado no ha sido capaz de imponer ni el monopolio de la fuerza ni las funciones básicas de seguridad, justicia y control, por no hablar ya de la promesa constitucional de un Estado Social de Derecho. Con todo lo doloroso que pueda ser este debate, es necesario hablar del elefante en la habitación.
En las últimas semanas, distintos sectores han planteado que decisiones adoptadas en el marco de la política de Paz Total —particularmente la suspensión de órdenes de captura de integrantes de estructuras delincuenciales— podrían tener efectos electorales.
Tras la Semana Santa, voces de la oposición señalaron que medidas como la aplicada a integrantes de La Oficina, en el proceso de conversación sociojurídica del Valle de Aburrá, buscarían favorecer la campaña de Iván Cepeda. Paloma Valencia afirmó que esto haría parte de una estrategia de constreñimiento del electorado por parte de estructuras delincuenciales, y Roy Barreras sugirió que dicha dinámica podría extenderse más allá de Antioquia.
Estos cuestionamientos se apoyan, además, en antecedentes recientes como el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, que —según la Fiscalía General de la Nación— contó con la participación de la Segunda Marquetalia, así como en los hechos de violencia política documentados por la Fundación PARES en su Quinto Informe de Violencia Político........