Es lugar común en las discusiones sobre la educación superior pública hoy, señalar los impactos negativos que ha dejado la Ley 30 de 1992 en su artículo 86 y 87, que ha buscado llevarla a su marchitamiento por el déficit estructural en su financiación.

Como rector de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) estoy totalmente de acuerdo con las exigencias del Sistema Universitario Estatal (SUE) y de la comunidad académica, respaldadas a su vez por redes de profesores(as), organizaciones sindicales, plataformas organizativas estudiantiles, sobre la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Apoyamos en el Congreso de la República las iniciativas que en este sentido se vienen adelantando y participaremos en las construcciones y debates correspondientes que conduzcan a la aprobación de la reforma.

Sin embargo, el propósito de esta reflexión es sostener que estas reivindicaciones de tipo administrativo y financiero solamente tienen sentido si hay un proyecto académico que lo fundamente. Vale decir, la defensa de la financiación adecuada para la universidad pública es una exigencia ética, académica y política de acuerdo con su naturaleza, función y misión en el proyecto de construcción de un país con democracia y justicia social, que se oriente a superar las brechas de desigualdad e injusticia, y se apoye en una educación pública de excelencia, con presencia regional y proyección social.

En consonancia con estos planteamientos, señalo a continuación algunos sentidos que considero importantes para revitalizar la relevancia de la universidad pública que nos permita movilizar los respaldos de la sociedad a nuestras justas demandas.

El primer sentido hace referencia a sus orígenes, pues desde el siglo XII, la universidad se ha considerado un centro del saber, una comunidad de estudiantes y profesores reunidos en busca del conocimiento permitiendo la construcción, de visiones del mundo,........

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