Esta columna ha repetido, hasta la saciedad, que la reforma al sistema de salud impuesto por la Ley 100 de 1993 es independiente de quien sea el presidente de la República, o los dignatarios de los cuerpos colegiados, significando que el bien común de toda la sociedad debe primar por encima de las facciones o las ideologías políticas.

El derecho fundamental a la salud consagrado en la Constitución Política no puede estar sujeto a la hostilidad de los partidos, que sacrifica sin consideraciones éticas y morales la vida y el bienestar de los nacionales, como sucedió con el hundimiento de la reforma proveniente de la Cámara en 2023, por la insensatez y conflictos de intereses, de los nueve senadores de la Comisión Séptima del Senado en el inicio de la legislatura de este año.

En este espacio se tituló........

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