La sorprendente decisión de la Fiscal Primera Delegada ante la Corte Suprema, Marlenne Orjuela, relacionada con la toma guerrillera y retoma militar del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, uno de los crímenes más sanguinarios de nuestra historia reciente, puede marcar negativamente la gestión de la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, no solo en el patio nacional, sino –y sobre todo– en el marco de la justicia internacional de derechos humanos. Sería paradójico, puesto que Camargo cuenta con prestigio de jurista proba y defensora de derechos. Orjuela Rodríguez, por su parte, es funcionaria bien reputada y ha sido mencionada en la prensa, recientemente, porque fue designada por la actual administración para enfrentar a Álvaro Uribe y a sus apoderados en el juicio en su contra. Ella deberá probar que el expresidente es culpable de haber sobornado, mediante su autodenominado “abogángster” Diego Cadena, a varios presos con el fin de que mintieran, a su favor, cuando los llamaran a declarar (ver). Tal es la confianza que la fiscal general le otorga a Orjuela. No obstante, la resolución que esta expidió hace unos días, en la que decide que no es necesario detener a tres militares de alto rango procesados por el asesinato del magistrado Carlos Horacio Urán que trabajaba en el Palacio de........

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