La solicitud que le hicieron 24 congresistas de Álvaro Uribe al relator de la Comisión Interamericana (CIDH), José Luis Caballero, para que los atendiera “con carácter urgente” por “las vías de hecho en contra de las instituciones (Fiscalía, Corte Suprema, Procuraduría)” y por “el atentado contra la separación de poderes...” que estaría promoviendo el actual Gobierno, sería para morirse de la risa si no fuera por el cinismo que se desprende de su calculada omisión de la historia reciente del país. Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y los otros parlamentarios firmantes no desconocen los oscuros episodios ocurridos en época de los mandatos de Uribe, al menos entre 2007 y 2009, cuando la Corte Suprema fue violada en la reserva de sus debates, penetrada con espías en sus salas plenas, calumniada e intimidada, y cuando sus magistrados fueron perseguidos por agentes encubiertos e informantes pagados con dineros oficiales.