La crisis de gobernanza de Indra ha puesto al descubierto las flagrantes contradicciones de la actuación del Gobierno en la compañía a través de su brazo inversor, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Durante más de catorce meses —desde el nombramiento de D. Ángel Escribano como presidente ejecutivo en enero de 2025 hasta el 18 de marzo de 2026—, la SEPI avaló sin fisuras la fusión de Indra con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), que ostenta el 14,3% del capital de la cotizada y cuya propiedad corresponde a los hermanos homónimos. En nueve ocasiones documentadas, el Ejecutivo dio su apoyo explícito a esa operación sin manifestar en ningún momento preocupación alguna por la existencia de un potencial conflicto de intereses.

El 18 de marzo de 2026, la situación dio un vuelco drástico. Mediante un comunicado remitido a la CNMV, la Sepi manifestó una súbita "preocupación" por la presencia del conflicto de intereses, exigiendo su resolución fulminante como condición indispensable para seguir adelante con la fusión. De facto, el mensaje era un ultimátum: o la dirección de Indra volvía a manos del Gobierno o la operación moría. El efecto fue instantáneo. Apenas unas horas después, EM&E retiró su propuesta de integración ante la hostilidad de su "persuasivo" y poderoso socio. Esta maniobra provocó un terremoto en el mercado. La acción de Indra se desplomó entre un 12% y un 19% y se evaporaron más de 1.300 millones de euros de capitalización bursátil en una sola sesión. Este giro es tan abrupto que solo puede calificarse de discrecional; el mismo accionista que impulsó la operación durante un año y medio la utiliza ahora como pretexto para forzar un cambio en la presidencia de Indra.

Desde un punto de vista técnico, el conflicto de intereses era evidente desde el primer día. El artículo 229.1.f) de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) prohíbe a los consejeros participar en deliberaciones cuando exista un "interés directo o indirecto". D. Ángel Escribano, como presidente de Indra y copropietario al 50% de EM&E, se encontraba en esa situación al analizarse una operación que beneficiaba a su patrimonio familiar. Pero la Sepi, con tres vocales en el consejo, nunca planteó objeciones. Al contrario, validó el protocolo de recusaciones e informes que concluían que la situación era manejable. Su silencio previo, durante meses no fue omisión, sino una aquiescencia activa.

Por tanto, el cambio de rumbo no obedece a criterios jurídicos nuevos ni a razones objetivas sobrevenidas, ya que el conflicto era plenamente conocido. Todo sugiere que se trata de una determinación de naturaleza política derivada de una repentina y no explicada desconfianza del Gobierno hacia quien hasta "ayer" era su socio dilecto en el proyecto para crear el gran campeón español en la industria de defensa. El proyecto de fusión Indra-EM&E servía a la retórica gubernamental de crear un gigante sectorial sin comprometer fondos públicos. Sin embargo, cuando la consolidación de los Escribano, por razones reales o sospechas, empezó a percibirse como un obstáculo para el dirigismo directo de Moncloa, el Gabinete activó un argumento que antes ignoró de forma contumaz.

La actuación del Gobierno es además innecesaria desde la óptica del interés público y de la seguridad nacional. Para salvaguardar ambos y su influencia sobre Indra no necesita la mayoría del capital ni ser el primer accionista. Para ello dispone del escudo anti-OPAS, de la normativa de control de inversiones extranjeras en Defensa, del poder de veto en decisiones relevantes de carácter estatutario y estratégico, del monopolio de los contratos públicos o de la obligada coordinación en materia de soberanía tecnológica entre Indra y el ministerio del ese ramo. Todo esto permite un amplio margen de actuación al Ejecutivo sin interferir en la gobernanza ordinaria de la compañía.

El reconocimiento por Dña. María Jesús Montero de que el conflicto "no estaba en el origen" confirma que el rigor normativo se ha instrumentalizado para desplazar a un gestor que ha dejado de inspirar la confianza política necesaria. En este punto, la CNMV ha asistido al espectáculo como un convidado de piedra, contemplando con pasividad una destrucción de valor provocada artificialmente desprotegiendo los derechos de los accionistas. Esta dejación de funciones del regulador, siempre tan diligente con las empresas privadas como prudente con aquellas de capital público, refuerza la percepción de que la seguridad jurídica en España y la actuación de los reguladores están supeditadas al humor de quien gobierna.

La resolución de la crisis debe exigir una independencia real de los órganos de control y constituye una llamada de atención ante la intervención del Gobierno en compañías privadas conforme a criterios ajenos a cualquier parámetro de racionalidad empresarial o de interés nacional. De lo contrario, el daño reputacional causado por el intervencionismo gubernamental contaminará la credibilidad de todo el mercado español de valores. Es imprescindible defender la primacía de la ley frente a los caprichos del poder. En Indra, esa defensa ha brillado por su ausencia. Y el precio lo pagan, como es habitual, quienes generan riqueza y apuestan por la estabilidad, y no quienes la sacrifican desde el aparato del Estado.

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