Democratizar las empresas |
Imbuido de su credo y dinámicas autoritarias e intervencionistas el gobierno del sanchismo, con la ministra Yoli la de los cohetes como abanderada, pretende ahora aprobar un nuevo atentado contra la libertad de empresa mediante un proyecto que denomina "democratización de las empresas" con el objetivo, dicen, de impulsar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y la propiedad de las empresas, pero que en realidad lo que pretenden es introducir a los sindicatos serviles y domesticados, CCOO y UGT, en los consejos de administración vulnerando también el derecho a la propiedad y despreciando, una vez más, el diálogo social.
De acuerdo con el informe presentado por la ministra a tiempo parcial de Trabajo, el gobierno plantea que los trabajadores tengan un tercio de los puestos en el consejo de administración en las empresas de entre 50 a 1.000 empleados y que supongan la mitad de los asientos en las empresas de más de 1.000 trabajadores.
Para que los trabajadores participen más en la propiedad, el informe propone umbrales mínimos, con un requisito legal de abrir el capital a la propiedad de los trabajadores en al menos un 2% y con un mínimo del 10% en grandes corporaciones.
Una pretensión que no sólo agrede a la Constitución sino que supone también una expropiación encubierta, un paso más en la política de acoso y derribo de la empresa que práctica este gobierno y un proceso de politización que recuerda demasiado a lo acontecido con las Cajas de Ahorro, cuyos consejos de administración se convirtieron en refugio e instrumentos de sobresueldos, retribuciones más o menos encubiertas y derroche de recursos de políticos y sindicalistas obligando al conocido como rescate bancario. Proceso este que fundamentalmente fue el rescate de las cajas, no de los bancos privados, para salvaguardar la estabilidad del sistema financiero y como respuesta a la crisis económica de 2008, generando un aumento significativo de la deuda pública hasta diez puntos porcentuales del PIB, así como la desaparición, por fusión, absorción o cierre, de la práctica totalidad de estas entidades.
Decía recientemente el avezado analista Carlos Dávila que "las empresas más que democráticas tienen que ser eficientes". Y efectivamente, los que tienen que ser democráticos son las sociedades, las instituciones y los gobiernos, teniendo en cuenta siempre el interés general, el respeto y el fomento de la propiedad privada y al libre ejercicio de emprendimiento y la inversión.
La propiedad y la gestión de las empresas corresponde a los empresarios y a los accionistas que son quienes ponen y arriesgan su dinero y quienes crean riqueza en los países y generar puestos de trabajo y decisiones como esta propuesta demagógica, invasiva y propia de regímenes totalitarias sólo crean desconfianza y retirada de inversiones, especialmente graves en las actuales circunstancias de conflicto bélico y en un país como España donde las inversiones de empresas nacionales se encuentran bajo mínimos, sólo un 4,8% por encima de 2019, a pesar del contexto favorable en tipos de interés y acceso al crédito, al tiempo que la inversión extranjera se desploma más de un 60% después de caer un 24% en 2024.
Mas que democratizar a las empresas lo que España necesita y en lo que todos deberíamos preocuparnos y ocuparnos es democratizar a este gobierno. Claro que, como dice sabiamente el refranero, "lo que la naturaleza no da, Salamanca no presta". Amén.