Hace unos días tuve oportunidad de participar en el evento sobre la simplificación de la regulación en el que se formulaban propuestas concretas sobre el tipo de reformas que podrían realizarse, también en materia de supervisión bancaria.

Uno de los participantes, persona bien informada sobre estas cuestiones, me formuló una pregunta que me pareció particularmente acertada y a la que, al margen de la conversación que mantuvimos in situ, me propongo responder en esta tribuna.

La pregunta se refería a si tenía sentido seguir abogando por la simplificación de la regulación bancaria europea en un contexto como el que se plantea actualmente en que existen fundadas dudas sobre el impacto de los acontecimientos geopolíticos sobre la economía global.

Mi respuesta, por las razones que trataré de explicar a continuación, es radicalmente afirmativa. No sólo es que el contexto actual no altere la necesidad ya diagnosticada de racionalizar la regulación bancaria como modo de favorecer el crecimiento económico europeo, sino que, antes al contrario, todavía acentúa más si cabe la urgente necesidad de que las reformas se hagan efectivas con la mayor rapidez.

En primer lugar, el BCE, al presentar sus propuestas sobre reforma de la regulación bancaria, señaló dos líneas rojas con las que no puedo estar más de acuerdo: preservar la estabilidad financiera y evitar la fragmentación de los estándares prudenciales aprobados a nivel global.

Si la revisión de la regulación bancaria europea respeta esos dos límites, como seguro lo hará, avanzar en la agenda de racionalización de esa regulación no debería tener ninguna contraindicación. Los bancos europeos mantendrían su actual fortaleza en términos de solvencia y liquidez y, al mismo tiempo, la normativa prudencial europea permanecería alineada con los estándares globales no contribuyendo a la peligrosa fragmentación de la regulación bancaria.

Por otra parte, los acontecimientos recientes y, concretamente, los efectos que pueden producirse sobre el crecimiento económico global, invitan precisamente a la aceleración del calendario de reforma, pues, en un momento en que se están produciendo tensiones inflacionistas y existe el riesgo de un cambio de signo de la política monetaria en forma de un retraso en el calendario previsto de bajadas de tipos o, incluso, un aumento que pueda terminar afectando al crecimiento económico de la Unión Europea, nada sería más lógico que aumentar la capacidad de los bancos para prestar en las mejores condiciones posibles.

Por ello, el efecto de la compleja situación actual, cuya evolución se antoja incierta al desconocerse tanto la duración como la intensidad de los efectos del conflicto en Oriente Medio, debería ser más bien la aceleración de los plazos previstos para la reforma de la regulación financiera.

Esta renovada urgencia debería ponerse de manifiesto en las respuestas que los participantes remitan a la Comisión Europea en la consulta que acaba de abrirse de modo que conduzca, no sólo a la publicación a la vuelta del verano del esperado informe sobre competitividad, sino también a la presentación de las propuestas concretas de reforma legislativa que permitan su rápida aprobación para contribuir lo antes posible a aumentar el crecimiento de la economía europea.

Ante la incertidumbre en relación con los efectos que la situación actual pueda tener sobre el crecimiento económico de la Unión Europea, más afectada que otras regiones, facilitar que el sector financiero pueda contribuir a ese crecimiento con todo su potencial, sin poner en riesgo su fortaleza actual, parece más que oportuno, imprescindible y urgente.

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