No tendremos presupuestos generales para 2026. A estas alturas supongo que el lector no tendría ninguna duda, pero el pasado miércoles, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, señaló que el gobierno comenzaba a preparar los de 2027. Según el presidente, los nuevos presupuestos incorporarán medidas para "avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica". Se espera que la reforma de la financiación autonómica, pactada con ERC, y, de la que sólo se conoce un PDF de 18 páginas, esté en vigor en 2027.

Incluso antes de la explosión de casos de corrupción, parecía más que dudosa la viabilidad de la nueva propuesta de financiación. Esto se debe a tres tipos de razones. La primera de ellas es puramente económica. La propuesta, antes de iniciar su tramitación parlamentaria tiene un coste para el Estado de 21.000 millones de euros al año (que se irán actualizando), que simplemente no tenemos. A esto habría que añadir que una tramitación parlamentaria siempre aumenta el coste de cualquier proyecto, y que además se pretende aumentar las inversiones del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) en otros 2.000 millones anuales.

El impacto es tan importante que el Fondo Monetario Internacional en su último informe recomienda que la nueva financiación autonómica sea "progresiva" por la pérdida de recursos para el Estado. En realidad, sin subir impuestos ni disparar el déficit, el Estado sólo tiene una forma de hacer frente a una transferencia adicional de más de 20.000 millones de euros a las CCAA: recortar las pensiones. Como detallamos Jesús Fernández-Villaverde y yo, en nuestro libro La factura del cupo catalán, según las cuentas de 2023, las últimas aprobadas, una vez el Estado transfiere a la Seguridad Social (unos 56.000 millones de euros), a las entidades locales, a la Unión Europea y paga los intereses de la........

© El Economista