Si se comparan los indicadores económicos actuales de España con los de finales de 2019, la situación es similar, con luces y sombras, pero con una excepción muy importante: la deuda pública que ha aumentado sustancialmente pasando de 1,22 billones a 1,6 (con los que cerraremos probablemente el año). En términos de PIB, la deuda pública ha pasado del 98 al 110%. Esto resulta particularmente relevante porque los tipos de interés han pasado del cero al cuatro y medio por ciento, tomando el tipo principal del BCE. Aunque es posible que estos tipos bajen algo en el futuro, los que es prácticamente seguro es que no volveremos (al menos en un futuro previsible), a tipos cero o negativos. Esto quiere decir que tener deuda, y tenemos mucha más deuda pública, ha dejado de ser inocuo.
La principal consecuencia de la combinación de más endeudamiento público, y que haya que financiarlo, a medida que vayan venciendo los títulos a más tipos de interés que cuando se emitieron, es que hay que pagar cada vez más intereses. El corolario es que -si no se quiere deber cada vez más- hay que generar, como mínimo, superávits primarios, es decir más ingresos que gastos sin tener en cuenta los intereses. Por eso, las nuevas reglas fiscales europeas se concentran, precisamente, en hacer sostenible la deuda, fijando para países endeudados como España un objetivo a medio plazo de un déficit que no sobrepase el 1,5% del PIB. Como comentábamos en elEconomista la semana pasada, esto va a condicionar nuestra economía más que ninguna otra cosa.
A corto plazo, España se ha comprometido para finales del año que viene en un déficit que no sobrepase el 3% del PIB. Partimos de haber cerrado 2022 con un........