Sin inmigrantes, no hay paraíso: la renta per cápita se hundiría |
Las elecciones de Aragón nos han devuelto a la cruda realidad: es imposible que el PP pueda formar un Gobierno sin contar con Vox en el futuro. Los responsables de la formación verde han duplicado sus votos y ahora exigen puestos de responsabilidad en los nuevos ejecutivos como Inmigración o Economía y no sólo los tradicionales sobre cultura o de agricultura.
Una de las claves de su política está en la inmigración. Sin embargo, los estudios realizados en los últimos tiempos tanto por la AIReF, Banco de España, Foment del Treball o los últimos de Fedea y Funcas muestran que sin la inmigración, la economía y la renta per cápita entrarían en barrena.
Si echamos un vistazo a nuestra historia, los periodos de mayor expansión coinciden con auges de la inmigración. De hecho, entre 2001 y 2008, en el que España vivió un boom, el número de habitantes de nacionalidad extranjera se triplicó de 1,57 a 5,1 millones. Sin embargo, el período posterior a la gran recesión, entre 2009 y 2015, el saldo neto fue negativo en más de 600.000 personas. En la última década el saldo neto de inmigrantes creció en más 2,8 millones de inmigrantes. Con especial relevancia en 2022 y 2023, cuando subió en 727.000 y 642.000, respectivamente. Dos años en los que la economía lideró el crecimiento europeo.
Un estudio de Funcas hecho público esta semana señala que la inmigración está detrás del 47% del PIB generado desde 2022. Es decir, que sin ella, creceríamos la mitad.
Este patrón no sólo se da en el Estado, las autonomías con mayor avance del PIB real son las que registran alzas más relevantes de población y de inmigrantes. Así la Comunidad de Madrid y Baleares lideraron el PIB entre 2017 y 2023, con crecimientos en torno al 12%. Por el contrario, Extremadura, Asturias o Castilla y León pierden población y están a la cola del PIB. Las tres regiones que más inmigrantes atraen son también las más dinámicas: Madrid, Catalunya y la Comunidad Valenciana.
Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) muestran que casi la mitad (45%) del empleo creado en los cuatro últimos es por los extranjeros. En el último trimestre del año pasado, habría 2,28 millones más ocupados que en el mismo período de 2021, de los que 1,04 eran extranjeros. Hay autonomías como Cantabria, Castilla y León o La Rioja en que este porcentaje escala por encima del 75%. Es decir, no podrían crecer.
Hay una fecha destacada, 2015. Ese año en el que se reanuda la entrada significativa de inmigrantes, el número de fallecimientos fue superior al de nacimientos en España. Desde entonces, la brecha ha ido en aumento. A partir de 2029, en tres años, las estadísticas apuntan a que la población activa comernzará a descender y que los nacionales no seremos capaces siquiera de cubrir los puestos cualificados en la Administración o en los servicios médicos.
Hasta ahora, los inmigrantes desarrollan trabajos pocos cualificados en la hostelería, el hogar y, sobre todo, en la construcción y en el campo, donde el número supera al de los españoles. El peso de los extranjeros equivalía en julio de 2025 al 14% de la ocupación (3,1 millones), lo que casi duplica los 1,8 millones de 2009. ¿Qué sería de España sin ellos?
Hay otro dato esencial, tres de cada cuatro tienen menos de 40 años, en un país envejecido, donde la población se concentra entre la franja entre 40 a 60 años y en el que los mayores de 80 años duplican su peso en lo que va de siglo, al 6,2% de la población.
Ese rejuvenecimiento de la fuerza laboral junto al aumento de llegadas ha catapultado los cotizantes a la Seguridad desde 17,5 en 2010 a los casi 22 millones de la actualidad. Gracias a ello, la ratio de afiliados versus pensionistas se mantuvo en torno a 2,3, a la par que el déficit de la Seguridad Social, que alcanzó picos de 12.000 millones en la pandemia, ahora está en 7.000 millones.
Naturalmente, estas cifras serán difíciles de contener con la jubilación del baby boom, que ha empezado ya a salir del mercado de trabajo el año pasado y su ritmo se acelerará de aquí a 2050. La AIReF espera que el gasto en pensiones crezca dos puntos, del 12 al 15,3% del PIB, hasta 2050. En la próxima década saldrán 5,4 millones del mercado de trabajo y entrará sólo 1,5 millones de jóvenes españoles, la diferencia debería ser cubierta con extranjeros.
Además, se requerirán perfiles más cualificados para la administración o las vacantes médicas porque a partir de 2029 la población activa comenzará a bajar, por lo que si la economía no mantiene su expansión, la actividad se ralentiza, se produce algún tropiezo, como ocurrió en 2008, o simplemente no logra mejoras de productividad, será incapaz de atraer flujos migratorios. La AIReF y el Banco de España estiman que sería necesario un millón anual hasta 2055 para sufragar las pensiones. Pero todos los estudios vaticinan que la llegada de inmigrantes será insuficiente.
La paradoja es que si tan beneficiosa es la inmigración para la economía, porqué buena parte de los políticos y de la opinión pública son cada vez más hostiles. Ningún partido, ni siquiera el PP de Alberto Núñez Feijóo se interesa en difundir estas cifras. La inmigración tiene una cara B que molesta a los españoles: en primer lugar, incrementa el gasto público. Éste subió el 15% después de la regularización llevada a cabo por Zapatero.
Los beneficiarios de las rentas mínimas ofrecidas por las autonomías están subiendo a tasas de doble dígitos debido a la atención ofrecida a extranjeros, que tienen trabajos más volátiles. Lo mismo ocurre con el gasto en sanidad o educación, que debería incrementarse en más de un punto anual para atender a los nuevos españoles.
El segundo factor es la vivienda, con una oferta totalmente colapsada ante la incapacidad de las administraciones públicas para poner suelo urbanizable a disposición de las promotoras. Los inmigrantes, que alcanzarán alrededor de un tercio del mercado laboral en una década, requieren casas para vivir. El Banco de España evalúa el déficit existente en 600.000 unidades y el desequilibrio va en aumento, hasta el punto que algunos expertos ya mencionan este factor como el gran problema a futuro para atraer mano de obra a muchos empleos.
El Consejo de Ministros acaba de aprobar una regularización extraordinaria de inmigrantes. La iniciativa es polémica porque se hace para atraer el voto de Podemos y sin debate parlamentario, por Real Decreto.
Lo peor es que uno de los requisitos exigidos, la ausencia de delitos penales, puede suplirse con una declaración responsable del individuo, que no hay manera de comprobar oficialmente si es así, lo que abre la puerta a la entrada de inmigrantes de muy baja cualificación.
Si el año pasado se legalizaron cerca de 250.000 personas, ¿por qué causa sorpresa que ahora se quiera ampliar hasta medio millón? La política de tirarse los trastos a la cabeza imposibilita un debate sosegado y la adopción de iniciativas para regularizar la entrada de los millones de inmigrantes, imprescindibles para la buena marcha de la economía y el bienestar de los españoles durante las próximas décadas.
PD.-En los estertores de la legislatura, abundan las propuestas de pata de banco, que obedecen a la ira del ministro de turno, sin la presentación de una memoria económica que las respalde. Después de varias iniciativas descabelladas por parte de Yolanda Díaz sobre el mercado laboral, o la última de Vivienda para intervenir aún más el mercado castigando en el IRPF a los caseros que suban los alquileres, esta semana le tocó el turno a la ministra de Sanidad, Mónica Garcia. El Consejo de Ministros abordó la Ley Integral del Sistema Nacional de Sanidad (SNS), que pretende básicamente acabar con la colaboración público-privada, una de las piedras angulares del funcionamiento de nuestra sanidad y de la economía en general.
El plan de García no evalúa el coste que supondría para las arcas públicas expulsar a los hospitales privados del SNS, que son un 89% más eficientes que los públicos y cuyas tarifas no se actualizan desde hace 15 años. La ministra esconde que se produciría un colapso en un sistema ya saturado.
En el sector se preguntan, además, qué haría el Gobierno con la Jiménez Díaz, un hospital de prestigio gestionado por Quirón, pero perteneciente a una fundación, que entraría en pérdidas y sería incapaz de sostenerse. ¿Lo acabará nacionalizando el Estado?
El odio enquistado a grupos como Quirón, le lleva, además, a inflar hasta 5.000 millones la cantidad que ingresa de la Comunidad de Madrid, cuando la mayoría corresponde a retrasos. Una burda manipulación, impropia de un miembro del Gobierno.