Hay gobiernos que ponen alfombra roja a la inversión y gobiernos que, por alguna razón que solo ellos conocen, prefieren ponerle una aduana. El nuestro parece haber elegido la segunda opción. Mientras medio mundo habla de inteligencia artificial, soberanía digital, centros de datos y de la nueva revolución tecnológica, España se dispone a recibirla con un decretazo bajo el brazo y una colección de obstáculos de la mano del Ministerio de Transición Ecológica, cuyo trámite de audiencia e información pública finaliza el 10 de septiembre.

El Gobierno pretende regular los Centros de Procesamiento de Datos (CPD), esos enormes consumidores de electricidad sobre los que se está construyendo buena parte de la economía digital del futuro. Y lo hace en nombre de palabras que siempre suenan bien: sostenibilidad, eficiencia, soberanía. El problema es que detrás de ellas puede esconderse algo bastante menos sostenible, eficiente y soberano: la fuga de inversiones. Las eléctricas ya han advertido de que el proyecto supone un freno a la incorporación de nueva demanda cuando precisamente lo que España necesita es electrificar su economía, aprovechar sus renovables y reforzar su autonomía energética.

Lamentablemente, el texto configura el régimen más restrictivo de toda la UE al exigir que el 80 % del consumo de los........

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