Ocho meses de silencio frente al ruido |
El 4 de marzo pasado fue sancionada la Ley 2450, conocida como la Ley contra el Ruido, una respuesta necesaria a una realidad que afecta la salud, la convivencia y la dignidad de millones de personas en Colombia. Según la Organización Mundial de la Salud, el ruido es el segundo contaminante ambiental más perjudicial, después del aire contaminado. Dormir mal, vivir con estrés permanente o enfermar por la exposición constante a niveles sonoros excesivos no es una exageración de vecinos “intolerantes”, sino un problema serio de salud pública.
La ley es clara: concede a las alcaldías un plazo de 18 meses para elaborar y adoptar sus Planes de Gestión Acústica. Estos planes deben permitir diagnosticar las fuentes de ruido, establecer medidas de prevención, control y sanción, y proteger áreas sensibles como hospitales, colegios y sectores residenciales. De ese plazo ya han transcurrido ocho meses. Sin embargo, en Risaralda, el silencio institucional resulta ensordecedor.
Con la excepción de la alcaldía de Quinchía, que desde el 10 de agosto empezó a aplicar la ley en su territorio, no se conocen acciones concretas del resto de alcaldías del departamento para cumplir esta obligación legal. No hay anuncios oficiales, cronogramas, procesos participativos ni diagnósticos en marcha. En contraste, persisten eventos ruidosos tolerados o promovidos por los gobiernos municipales, y hasta financiados con sus recursos públicos; donde la música a alto volumen o la........