“El Toto”, vigentes los secuestros

Estrena Polo Pérez cargo de la SCJN en Juárez

En brete, defensa legal del Parque Central

Cientos de dompes para nivelar Centro de Convenciones

Hace casi tres años pudo escapar de fuerzas militares uno de los principales jefes del grupo delictivo “La Empresa”, Ernesto Alonso B., alias “El Toto”, gracias al oportuno pitazo policiaco encargado de su perímetro de seguridad en una de sus residencias, la ubicada en avenida Hermanos Escobar, casi López Mateos.

Elementos de la Guardia Nacional, Ejército y de inteligencia ministerial mantuvieron sitiado el domicilio durante una madrugada y toda la mañana de finales de mayo de 2023.

Fue mucho tiempo. Alcanzó a huir el “objetivo prioritario” para cuando lograron ingresar, con órdenes de cateo en mano, soldados y ministeriales. Solo pudieron “asegurar” las botas vaqueras estilo Roper, inconfundible propiedad de “El Toto”: estaban bordadas con su apodo y su “familia”, “La Empresa”.

Diríamos que desde entonces anduvo a salto de mata, pero no: siguió trabajando en lo suyo, tráfico y secuestro de migrantes, hasta esta semana, que fue, ahora sí, apresado por elementos de inteligencia de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas y Antisecuestros, la dirigida hoy por el exjefe estatal de la ministerial, Arturo Zuany.

Aunque ocurrió el golpe casi tres años después del primer intento de arresto, hoy fue mayor el impacto. Fue detenido con seis de sus cómplices, que operaban en células distintas por varios rumbos de la ciudad, todos acusados por secuestro agravado.

Esta semana fueron detenidos, también imputados y ayer vinculados a proceso la mayoría en la Sala 20 de Ciudad Judicial por el juez penal Gabriel Anaya y la jueza Silvia Delgado. Estarán en prisión preventiva por dos años mientras inicia el juicio y se llega a sentencia.

Algunos líderes sociales han dado por finiquitado el delito del secuestro y las extorsiones. Ya vemos que no. Ayer mismo fueron incendiadas dos tarimeras porque sus propietarios rechazaron pagar extorsión.

Esa es, aún, desafortunadamente, la realidad; tratar de ocultarla no le beneficia a la ciudad.

Hay convocatoria para que sesione dentro de ocho días el Consejo Estatal de Morena, convocado por el presidente, Hugo González Muñiz.

Con la recomposición de fuerzas, Cruz Pérez Cuéllar y Ariadna Montiel tienen en su haber dos tercios —y a lo mejor un poco más— de los consejeros, por lo cual cualquier acuerdo debe pasar forzosamente por su venia.

Antes de la ruptura con la poderosa secretaria del Bienestar, Brighite Granados —líder estatal de Morena— tenía una ventaja en el Consejo, apuntalada por una veintena de personajes vinculados a Ariadna, entre los que destacan Cuauhtémoc Estrada, Mayra Chávez y Herminia Gómez, entre otros.

Uno de los puntos principales de la reunión dominical, según nos han adelantado, es un acuerdo de cero patadas bajo la mesa entre los diversos contendientes internos con aspiraciones a gubernatura, diputaciones, ayuntamientos y sindicaturas.

Pero la intención es que el pacto vaya más allá, y no solo ate a los aspirantes, como Cruz y Andrea Chávez, sino que también sujete a una conducta imparcial y ética a la misma Brighite y al resto de los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal.

Y es que levantó antenas que Brighite, siendo el árbitro imparcial desde la dirección partidista, se haya dejado ver en eventos de apoyo a Andrea Chávez, situación que no solo generó molestia, sino mucha inquietud.

Ahí mismo deberá la líder estatal presentar informe de Finanzas, Organización, Afiliación e integración de Consejos Municipales.

A ver qué resultados presenta.

Por aferrarse a meter una tienda de conveniencia dentro del Parque Central Poniente, el coordinador de esas instalaciones, Rafael Roberto Butchart Sánchez, puso en riesgo a 200 familias de comerciantes, incluida la de él.

La asociación civil Árboles en Resistencia lo trae a pan y agua con un amparo que mantiene suspendida la celebración de convenios con comerciantes para ofertar sus productos en ese lugar.

En el amparo promovido, el juez ordenó que el Congreso del Estado verifique la constitucionalidad de la Ley del Parque Central en relación con la comercialización de espacios a particulares, según dijo el funcionario ayer en una rueda de prensa.

Butchart Sánchez mantiene su apuesta en que el Congreso del Estado le enderece la plana y avale que la administración de ese pulmón de la ciudad pueda arrendar espacios a cambio de una contraprestación.

Y es que el también conocido como el Ranchero Chido ya no confía en su asesor jurídico, el regidor Alejandro Jiménez Vargas, mejor conocido como el “Jimanotas”, abogado de profesión, pero sin más experiencia profesional que alcahuete en rectoría de la UACJ.

Así que, mientras Butchart acusa que el tema es político, las 200 familias cuyo sustento depende de sus ventas en el lugar —y de las cuales el 80 por ciento pertenece a diversas etnias— podrían quedarse chiflando en la loma por su lucrativo capricho de jugar a la tiendita.

Ante el lamentable deceso de quien fuera director en Juárez de la Casa de Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Heber Fabián Sandoval Díaz, nos reportan que fue nombrado en sustitución el maestro Leopoldo Pérez Soto.

El abogado se ha distinguido por tener tendencia a democratizar y socializar el derecho, al haber creado el concepto de Tribuna Abierta, programa universitario realizado en espacios públicos con la participación de jóvenes para tratar y discutir a fondo problemáticas sociales, así como alternativas para solucionarlas.

El maestro Pérez Soto tiene experiencia como docente en instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Universidad Regional del Norte, así como en temas de derechos humanos, juicio de amparo y gestiones sociales, pues ha laborado en diversas áreas como asesor legislativo y en el Poder Judicial Federal.

La Casa de Saberes Jurídicos funciona como un vínculo de la sociedad con la SCJN, por lo que el ministro presidente, Hugo Aguilar, ha instruido que el derecho sea llevado y dialogado con los vulnerables, históricamente relegados.

Habrá que ver el giro que da el juarense a esa instancia, así como su capacidad de establecer puentes con organizaciones no gubernamentales, los gobiernos municipales y el estatal, y la sociedad chihuahuense en general, trabajo que apenas había iniciado el doctor Heber Sandoval.

Ayer, precisamente, Pérez Soto acudió con esa representación al foro “Voces y Derechos: Diálogos con los Pueblos y Comunidades Indígenas”, realizado en la ciudad de Chihuahua.

El encuentro fue realizado en el Tribunal Estatal Electoral, encabezado por el magistrado Hugo Molina, y contó con la participación de Olaf Iván Corro Labra, representante de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas; la magistrada Maribel Peinado Machuca, por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y el antropólogo Nicolás Víctor Martínez Juárez, delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Va avanzando el tema de la licitación para el Centro de Convenciones, así que muy pronto deberá darse a conocer el arranque de las obras.

Se espera que, como primera parte de los trabajos en el terreno, se realice la nivelación del mismo, ya que presenta un hundimiento de por lo menos un metro y medio en la mayor parte de la extensión, aunque en algunos puntos casi alcanza 1.80 metros.

La sola nivelación presenta el desafío de que circulen cientos de dompes cargados de arena para descargarla y luego proceder a la nivelación y compactación. Es de esperarse que eleven el terreno; de otra manera, el lugar quedaría en un cuasi hoyo.

Luego de ello, vendría el inicio de los cimientos y, en meses, aquello iría tomando forma para hacer posible un proyecto largamente acariciado en la ciudad.

© El Diario