El pasado sábado 13 de diciembre, invitado por un grupo muy destacado de académicas y académicos del estado de Chihuahua, acudí con gusto al encuentro estatal que organizaron para reflexionar acerca de los retos que actualmente enfrentan nuestras 252 instituciones de educación superior, cuya matrícula asciende a 146 mil estudiantes y es atendida por 12 mil 556 profesores.

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En un evento muy concurrido participó el personal docente y de investigación de las principales casas de estudio del estado, entre las que contamos a representantes de las universidades autónomas de Chihuahua y Ciudad Juárez, del Tecnológico de Ciudad Juárez y de instituciones formadoras de maestros como la Universidad Pedagógica Nacional de Chihuahua (UPNECH) y el Centro de Actualización del Magisterio.

En esta primera conversación destaqué la situación que actualmente viven nuestro estado y Ciudad Juárez, así como las oportunidades que tienen nuestras instituciones de educación superior de contribuir al desarrollo, con pleno bienestar, de todas los pueblos y ciudades de Chihuahua.

A mis estimados lectores les comento que me atreví a participar en este intercambio de ideas porque estoy convencido de que nuestras universidades y tecnológicos tienen una madurez y un potencial sobrado para diseñar y hacer posible un nuevo modelo de desarrollo que combine con equilibrio, expansión material, prosperidad compartida y un renovado impulso a nuestra vida cultural.

Considero que esto es posible por las siguientes razones:

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Entre 2018 y 2024 se rompió el mito de que no era posible hacer coincidir la prosperidad de los negocios, con el mayor bienestar de sus trabajadores.

Una gran reforma laboral y una política de bienestar centrada en apoyos universales a las personas, grupos y comunidades más vulnerables permitió que en el país salieran de la pobreza 13.4 millones de personas, en la Frontera Norte 2.5 millones y en nuestro estado 393 mil.

Fue un logro histórico, inusitado, que demostró la viabilidad de un modelo de crecimiento sustentado en un nuevo régimen social que obliga al Estado a garantizar mínimos de bienestar dignos a todas las personas, independientemente de su adscripción........

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