El Estado de Derecho es el marco legal en el que una sociedad encuentra eco a sus demandas, donde encuentra certeza y seguridad tanto en la integridad de sus personas como en la de sus bienes, por tanto, es cada instancia de gobierno la que debe garantizar a plenitud estas garantías, son las autoridades respectivas quienes deben ejecutar todas las acciones para hacer una realidad esta premisa, y la principal es el respeto irrestricto y absoluto a ese marco jurídico, a ese Estado de Derecho.

Sin embargo, durante el actual régimen morenista que inició en 2018, han sido múltiples los casos en los que presuntos delincuentes, o claros implicados en casos de corrupción, han recibido la protección y el cobijo de las mismas autoridades encargadas de la aplicación de la Ley, lo que ha formado ya una percepción generalizada de que existe una corrupción institucional, oficialista, en la que no se busca castigar ni investigar a los señalados sino, por el contrario, protegerlos y ponerlos fuera del alcance de la justicia, caso contrario para quienes son señalados a acusados por delitos similares, pero que militan o simpatizan con corrientes políticas opuestas a Morena, a quienes sí se les aplica “todo el peso de la Ley”.

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Es el caso del ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien parece ser intocable para la justicia chihuahuense debido al manto protector que le ha brindado Morena, no obstante las actuaciones judiciales que lo implican en un importante desvío de recursos del erario estatal y que lo han convertido en prófugo de la justicia.

Hay una gran cantidad de casos que comprueban las afirmaciones anteriores, pero, solo para contextualizar adecuadamente, hagamos una revisión somera de los más relevantes a la fecha.

Entre 2019 y 2023 se descubrió y ventiló el fraude en Segalmex, bajo la dirección de Ignacio Ovalle. La Auditoría Superior de la Federación detectó desfalcos multimillonarios. Pese a ello, no se registró sanción penal directa contra el titular, quien fue reubicado dentro del gobierno federal y no se hizo nada por siquiera investigar los señalamientos, el quebranto superaría los 15 mil millones de pesos.........

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